La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles con una amplísima mayoría, que en algún caso ha llegado a la unanimidad, siete decretos ley aprobados por el Gobierno de coalición con una catarata de medidas de contenido social que abarcan desde ayudas para reparar la situación sufrida en Ceuta con la avalancha de inmigrantes del verano, otras para paliar los daños de la dana Adam, mejoras en la Seguridad Social, reforzamiento de la red ferroviaria tras los últimos accidentes, reparación de las víctimas del siniestro en Urda, más protección para las familias numerosas y monomarentales y la reestructuración casi total del sistema de dependencia en España. Esos decretos forman parte de los aprobados en el último mes en el Consejo de Ministros en lo que se conoce como los martes sociales y que han sido cuestionados y criticados por la oposición como una estrategia dirigida a incidir en la campaña electoral del 29 de noviembre. La izquierda más allá del PSOE los ha considerado tardíos.

Seis de esos siete decretos han concitado un amplio apoyo de casi todos los parlamentarios representados en la Diputación Permanente (63), menos los seis del partido ultra Vox, que solo se ha apuntado a la unanimidad del voto a favor en el que contempla las reparaciones a las víctimas del accidente del AVE en Urda. La Diputación Permanente es el órgano que funciona en el Congreso para estos periodos especiales con las Cortes disueltas. El debate ha durado siete horas y ha estado totalmente contaminado de discursos propios de mítines electorales. Habrá más sesiones similares porque el Gobierno del PSOE y Sumar tienen previsto aprobar y derivar a la Diputación Permanente más decretos en esta línea incluso tras las elecciones.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aprovechado su doble función de comisionado sobre la crisis en Ceuta para ofrecer el último balance sobre la situación en la ciudad autónoma. Torres indicó así que en estos momentos quedan en Ceuta 5.037 personas atendidas con recursos del Estado (532 menores), 3.156 menores por parte del Gobierno local, ya no existe rastro levantado de ningún asentamiento de chabolas, tampoco estructuras con ese cometido en el puerto y han vuelto a Marruecos desde la avalancha un total de 16.475 inmigrantes. El Gobierno ha empezado este miércoles a desplegar el nuevo espigón alargado a 150 metros en la zona del Tarajal y ha derivado a la ciudad una inversión de 45,3 millones de euros.

Torres expuso sus datos y ese esfuerzo, y no entró en ningún debate, pese a que recibió duras críticas de la gestión realizada. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, y luego la de Sumar, Aina Vidal, lamentaron la falta de investigación de algunas agresiones y hasta torturas denunciadas sobre miembros de las fuerzas armadas. El representante de Vox, José María Sánchez, abundó en las quejas que más tarde repitieron todos los portavoces de esa formación: que el Gobierno abusa de la Diputación Permanente para hacer mítines. Sánchez, además, ya no habla de “invasión” para definir lo ocurrido en Ceuta y sostiene que es un “casus belli”, es decir un motivo para declarar la guerra de libro.

La diputada melillense del PP, Sofía Acedo, machacó sobre el mismo discurso que ha reiterado estos meses sobre el abandono a Ceuta, las agresiones sexuales y la falta de normalidad en la ciudad. Esa diputada del PP, y todas las demás que intervinieron durante la larga sesión, acabó su alocución aventurando la inminente victoria electoral de su líder y su llegada a La Moncloa para gobernar y cambiarlo todo a mejor.

Para defender el segundo decreto con actuaciones para paliar los daños de la dana Adam sobre la cornisa mediterránea los pasados 17 y 19 de octubre, el ministro Torres aludió a que eran medidas “lógicas y sensatas”. Esa apelación no impidió que Mikel Legarda, de PNV, Teresa Jordá, de ERC, Alberto Ibáñez, de Compromís, expresaran sus reparos a que pudieran ser también tardías, cortas o recentralizadoras. El PSOE apeló ahí a la necesidad de un pacto de Estado ante la emergencia climática y el PP reclamó que esas promesas se ejecuten.

La ministra de Inclusión Social y portavoz, Elma Saiz, argumentó sus razones para el decreto que cambia aspectos clave de mayor y mejor protección en la Seguridad Social, con más patologías y la prestación para la etapa de la menopausia. Los partidos de izquierda defendieron esa necesidad del tercer pilar social, Vox solo observó fines partidistas y el PP insistió en la falta de urgencia para proponer ahora fuera del Pacto de Toledo tanto decreto dispar (con nueve cambios normativos) en estos momentos políticos.

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, defendió ahora también como ministro de Transportes los dos decretos relacionados con la seguridad ferroviaria y las ayudas a las víctimas del siniestro en Urda. Las posiciones se repitieron y en ese punto entró el portavoz de Junts, Josep Maria Cruxet, para recuperar todas las demandas recurrentes de su formación sobre la discriminación a Cataluña. La secretaria general del grupo popular, Macarena Montesinos, tuvo que admitir ahí que algunas acciones planteadas estaban “bien dirigidas en parte”, pero para acribillar los mensajes del argumentario popular sobre que el Gobierno de la corrupción de Ábalos, Cerdán, las prostitutas, el falcón y los muertos de los accidentes.

Los dos últimos decretos los razonó el ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, para argumentar que las mayores protecciones previstas para las familias numerosas y las monomarentales (80% madres sin pareja a cargo de hijos) deberían ser algo a estas alturas de consenso totalmente transversal porque benefician a 770.000 personas directamente. A Vox le pareció una iniciativa muy contaminada ideológicamente y sin negociar. La diputada abulense del PP, Patricia Rodríguez, la descalificó como “chapuza” y usó su tiempo para despedirse del Parlamento, porque no repite. Bustinduy, en contra de la tónica general de otros ministros, sí quiso ahí entrar al debate cuerpo a cuerpo y le refrescó a la portavoz de Vox que entre las ayudas contempladas estaba el bono eléctrico para las familias numerosas, que Vox ha tildado hasta hace poco como “las paguitas” a suprimir y que en estos días se ha conocido por una información de Infolibre que disfruta la pareja y los cinco hijos del propio Santiago Abascal.

Bustinduy adjetivó como “giro radical e histórico” el aprobado para el sistema de dependencia, con una dotación extra de 6.200 millones, una previsión para 2027 de 7.239 y una aportación del 50% por parte del Estado para acabar con las listas de espera el próximo año. Los socios de izquierda incidieron en la importancia de que esa financiación prometida esta vez llegue. Rocío de Meer, de Vox, no cree nada de un gobierno que entiende que lleva “ocho años robando y despilfarrando”. La popular Ana Isabel Alós acabó como había empezado la sesión el PP apelando a se vote el 29-N a Feijóo para que “haga verdad los cheques en blanco” que le deja en herencia el actual Gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Source: El País · Javier Casqueiro

At a glance

Topic
Politics
Country
🇪🇸 ES
Publisher language
ES
Added to Allnira