Ni un euro. El Ayuntamiento de Madrid quiere pasar los gastos que deriven de la acampada de la Puerta del Sol ―limpieza, reparaciones, desperfectos― a quienes están durmiendo o han dormido en el campamento. Con estas palabras lo expuso la vicealcaldesa, Inma Sanz: “Por supuesto, trataremos de repercutir hasta el último euro que se vaya a gastar este Ayuntamiento a los causantes de esta situación, que son los que están allí de manera ilegal y los que lo están consintiendo por dejación de funciones [por la delegación del Gobierno]. No vamos a parar hasta tratar de que a los madrileños no nos cueste un euro”, dijo el jueves en la rueda de prensa semanal posterior a la Junta de Gobierno, sin explicar nada más al respecto. A cómo prevén hacerlo, un portavoz responde que “se está estudiando”.
En concreto, Sanz apuntó a los gastos fruto de “actos de vandalismo”, como las pintadas sobre el Oso y el Madroño o la escultura de Carlos III, y del estado en el que se encuentren la Puerta del Sol, catalogada como Bien de Interés Cultural, una vez termine la acampada. “Hablo de recuperar la plaza, que nos la vamos a encontrar en unas condiciones lamentables. Están anclando tiendas de campaña al suelo, rompiendo el suelo de la Puerta del Sol, que está rehabilitado de hace poco tiempo. Vamos a ver en qué situación está todo el mobiliario urbano y, sobre todo, la afección a esos monumentos históricos tan queridos por los madrileños. Desde luego, vamos a tratar de repercutir hasta el último euro”, detalló la vicealcaldesa.
Son varias las preguntas que plantea la intención del Ayuntamiento. ¿Cómo va a repercutir ese gasto? ¿A quién? ¿A todas las organizaciones que han estado en algún momento en el campamento? ¿Cómo determinar quién ha hecho qué? Un portavoz de vicealcaldía, preguntado por estas cuestiones, remite a las palabras de Sanz y a que están valorando “la forma”.
Sobre la limpieza, hay un precedente reciente. El 30 de marzo de 2023, nueve activistas climáticos mancharon de pintura roja las escaleras, las columnas y los leones de la entrada del Congreso de los Diputados. Los acusados estaban vinculados a las organizaciones Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal y este verano fueron condenados por un delito contra el patrimonio histórico. El Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid impuso una multa de 1.400 euros a cuatro de los activistas que arrojaron directamente la témpera diluida en agua y absolvió a los otros cinco que participaron en la protesta, pero no tiñeron la fachada. También les obligaron a indemnizar conjunta y solidariamente al Congreso con 5.863,98 euros por los gastos derivados de la limpieza y restauración de los elementos afectados.
En la acampada de Sol, la policía ya ha puesto 180 multas, un centenar por cuestiones de limpieza y el resto por consumo de alcohol y drogas, según los datos que difundió el Ayuntamiento el 15 de octubre. Y el consistorio madrileño también está intentando localizar a los acampados que hace una semana se bañaron en la fuente de la plaza para sancionarlos. Pero en todos estos casos, como en el del Congreso de los Diputados, las multas son contra conductas y personas concretas. En el kilómetro cero de la capital ha habido hasta 1.500 tiendas ―ahora el número se ha reducido― y allí han pernoctado miles de personas desde el 26 de septiembre.
“Repercutir hasta el último euro” de lo que cueste limpiar y reparar Sol, como estudia el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, es más complicado. Una de las vías que está utilizando el Ayuntamiento son las cámaras de seguridad más próximas a la plaza, para reconocer a las personas concretas que han vandalizado el patrimonio, según recoge El Mundo. La idea, explican, es revisar los vídeos de este mes de acampada, fotograma a fotograma, en busca de infractores.
El Gobierno de Almeida también responsabiliza al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de los desperfectos “muy relevantes” que prevén encontrar bajo los toldos, aunque todavía no sepan el estado en el que se encuentra la plaza. Le acusan de “dejación de funciones” y el alcalde ya ha señalado en más de una ocasión que estudia emprender acciones legales contra Martín. “Todo por un disparate de acampada que no tiene nada que ver con la que hubo en su momento, que es absolutamente ilegal, que no es pacífica y que no tienen el valor ni el cuajo”, dijo Almeida el viernes. Según el Ayuntamiento, la relación con la delegación nunca ha sido peor y el contacto entre ambos se ha reducido estas semanas al envío y recepción de requerimientos. Mientras, en la Puerta del Sol encaran un nuevo día de acampada (ya van 27) y sin fecha de desalojo en el horizonte.
Source: El País · Beatriz Olaizola
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