En los puntos de atención a víctimas de violencia machista de Madrid se exigía que hubiera vigilante o control de acceso. Era uno de los requisitos que las empresas privadas que llevan los centros desde hace años ―porque su gestión está externalizada― debían cumplir. “Dadas las características del servicio” y para “que el edificio esté protegido durante el horario de apertura”, se explicaba en los pliegos. El Ayuntamiento de la capital va a cambiar el modelo de su red de violencia de género y para ello sacó a licitación nuevos contratos para los 19 espacios que conformarán el servicio. En ellos se atenderá a mujeres en esta situación y a sus familiares, pero en esta ocasión ya no se pide personal de seguridad. El consistorio madrileño defiende que nunca ha habido incidencias en los recursos municipales, que varios ya operaban sin vigilancia y que aquellas mujeres con orden de protección que acudan ya llevan sus propios sistemas de protección. Las trabajadoras critican que ahora ni se contempla en los contratos, que los que carecían de vigilante es porque el público no conocía su localización y que a los centros pueden ir mujeres con o sin orden. Tildan el cambio de “irresponsabilidad”.
“Nos han dado la información con cuentagotas, porque el ayuntamiento con nosotras no se sienta”, se queja Paloma Rodríguez, que trabaja en uno de los puntos de atención a víctimas de violencia de género desde hace casi 10 años. Ella y sus compañeras se enteraron del cambio de modelo de la red por la prensa y, al revisar a fondo los pliegos, se dieron cuenta de que no ponía nada sobre la seguridad en los centros. “Hasta ahora, en los puntos municipales [se refiere a los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género] había seguridad. Y sí nos ha pasado que la pareja ha seguido a la mujer hasta aquí”, cuenta.
Ni el pliego técnico ni el administrativo incluyen vigilantes o personal de seguridad entre los medios obligatorios de los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), que es como se van a rebautizar los espacios de la red, 19 en total.
Esto difiere de lo que se venía pidiendo. En los contratos para gestionar tres de los puntos de atención a víctimas, licitados entre 2022 y 2024, explican que los centros abren de 8.00 a 20.00 y que debe haber un vigilante durante esas 12 horas. En uno de los espacios, la seguridad corre a cargo de la Junta de Distrito, porque el centro se ubica en un edificio municipal, y en el otro el coste lo asume la adjudicataria. “El servicio debe prestarse mediante: vigilantes de seguridad sin arma, pero con defensa; personal documentado y uniformado”, detallan los pliegos. También indican que la entidad gestora puede subcontratarlo, pero a una empresa especializada. Todo esto también se incluye en contratos más antiguos, como los adjudicados en 2020. Y en 2016, por ejemplo, el requisito era mucho más laxo, pero también aparecía: “La empresa adjudicataria deberá contar con servicio de seguridad, con la presencia de un/a vigilante de seguridad sin arma, pero sí con defensa, de lunes a viernes dos horas diarias”.
En otros de los recursos, los Centros de atención psicosocioeducativa para mujeres y sus hijos, llamados comúnmente Capsem, no se exigía vigilante, pero sí disponer de alguna medida de seguridad “accesoria” en la entrada al inmueble: como portero automático con cámara para identificar a las personas que acceden y que no puedan hacerlo si no se autoriza su paso. Esto tampoco se contempla en los nuevos centros, que aunarán el servicio de los Capsem y los otros tres puntos de atención mencionados. Las trabajadoras explican que en los Capsem no había seguridad como tal porque no son de acceso directo. Nadie puede ir directamente y no está publicitada su dirección. Por eso es mucho más difícil que alguien lo localice o acceda a un agresor, indican.
Una portavoz del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, de quien dependen los espacios, indica que ya hay centros, en referencia a los Capsem, sin vigilante y que no ha habido ninguna queja ni incidencia. Actualmente, los recursos de alojamiento protegido para mujeres víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual ―a los que no influyen estos nuevos contratos― sí tienen seguridad, detalla. Y “los centros de atención ambulatoria a víctimas, con asistencia social, psicológica y jurídica [a los que sí refieren los nuevos contratos], no requieren esta medida”. Y añade que no habrá vigilante en los centros porque las “mujeres con orden de protección que acudan ya llevan sus propios sistemas de protección, como las pulseras”. Aunque a los espacios pueden acudir tanto aquellas con orden de protección como las que no la tienen.
Entre las funciones que debían desempeñar los vigilantes, recogidas en varios pliegos, están: proteger y vigilar el edificio; controlar las entradas y salidas, y revisar los objetos y materiales que llevan las personas; velar por la seguridad de trabajadores y usuarias del servicio; hacer rondas de reconocimiento de las dependencias y dejar constancia de ello en partes diarios; abrir y cerrar el centro y custodiar las llaves en caso de que se les pidiera. Nada de esto se hará en los 19 centros de atención a mujeres víctimas.
“Estamos desesperadas, vemos muchas lagunas, cosas que no están claras y poca participación nuestra”, se queja una de las trabajadoras, que lleva años en la red y prefiere no decir su nombre por miedo a represalias. Ella y otras compañeras señalan que el mayor problema es que no saben cómo van a ser los nuevos centros: si estarán dentro de otro edificio municipal que ya cuente con seguridad, por ejemplo, o si serán edificios propios sin alguien que los vigile. En el Ayuntamiento dicen que se está trabajando para que “la mayoría sea en edificios municipales”.
Las trabajadoras se preguntan cómo se va a gestionar el acceso. “No lo sabemos. Porque si no hay seguridad ni control de entrada, tienes que abrir la puerta. Una vez que la persona está dentro, ¿cómo la echas? Tienes que llamar a la policía, no queda más remedio”. Las trabajadoras cuentan que han vivido casos en los que la pareja o expareja ha seguido a la mujer hasta el centro. No es frecuente, apuntan, pero ocurre. “Ahora hay una persona de seguridad que no permite el acceso y, si insiste, viene la policía, pero ya de por sí no entra, se queda siempre fuera”, señala la misma trabajadora.
En uno de los puntos actuales, por ejemplo, hay un vigilante que controla el acceso en la planta baja, porque el edificio es compartido con otros recursos. Los profesionales bajan una lista con las personas que tienen cita y, si no está apuntada, no puede pasar directamente, explican Rodríguez y otras trabajadoras. “¿Quién te dice a ti que quien viene no es pareja o expareja de una mujer? Si no hay nada, cualquiera se puede presentar ahí. Eso es un riesgo también para las profesionales y para los menores. ¿Cómo es posible que en un contrato para estos servicios no esté contemplada esta figura?”, se pregunta una de ellas. Rodríguez dice que no lo entiende: “Estaba y ya no está”.
Source: El País · Beatriz Olaizola
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇪🇸 ES
- Publisher language
- ES
- Added to Allnira