El avance de Vox en las coaliciones con el PP: de la “nacionalidad española” en la ley de vivienda de Aragón a la censura en Castilla y León

Este octubre se cumplen seis meses desde que el PP inaugurase la segunda ronda de Gobiernos autonómicos con Vox. María Guardiola, baronesa extremeña, cedía de nuevo ante la extrema derecha incluyéndola en su Ejecutivo y desataba la caída del resto de fichas del dominó: Aragón, Castilla y León y Andalucía. En todas los pactos, los populares dieron cancha a la formación de Santiago Abascal, cuya agenda ultra ha ido avanzando en los boletines territoriales desde entonces hasta hoy. Medidas que se han acelerado con el inicio del curso político, así como con la paulatina aprobación de los Presupuestos autonómicos en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre en la que, según las encuestas, la alianza de PP y Vox puede alcanzar una mayoría de gobierno.

Entre las medidas impulsadas están la preferencia de las personas con “nacionalidad española” para la adjudicación de vivienda pública en Aragón, la retirada de ayudas a ONG que socorren a migrantes en Andalucía o el veto a películas con “adoctrinamiento ideológico” en Castilla y León. En materia de vivienda, PP y Vox coinciden en colocar a la okupación como uno de los principales problemas del aumento de precios. “Hay propietarios con miedo. Porque si un okupa llega con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”, afirmó al respecto Feijóo en Sevilla.

En Aragón, el Ejecutivo autonómico dará a conocer este jueves, íntegramente, la última de las normas impuestas por Vox. El Partido Popular y los ultras han presentado 44 enmiendas a la Ley de Vivienda, cuya redacción arrancó la legislatura pasada, cuando el popular Jorge Azcón gobernaba en solitario. Ahora, ambas formaciones han planteado modificaciones al proyecto de ley promovido por el PP, con la aplicación de la “prioridad nacional” como columna vertebral en los requisitos para la adjudicación de vivienda pública.

Las enmiendas llegarán a la Mesa ampliada de la Comisión de Vivienda para su examen este jueves, pero en Vox sacaron pecho de su aprobación ya este miércoles, en una comparecencia en la que dieron unas pinceladas de su contenido. “El sistema debe garantizar que todos los españoles que cumplan los requisitos legales y acrediten una necesidad real sean los primeros en la cola”, resumió Carmen Rouco, la portavoz de Vivienda y vicepresidenta primera de la Asamblea autonómica, de Vox. Fuentes de la formación aseguran a EL PAÍS que uno de los requisitos recogerá específicamente el condicionante de “nacionalidad española”.

En la Comunidad Valenciana, donde el popular Juan Francisco Pérez Llorca gobierna en solitario pero con el apoyo parlamentario de Vox, se introdujo ya a finales de julio el polémico principio de “prioridad nacional” tanto en el acceso a las ayudas sociales como a la vivienda pública a través de la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Fue la primera vez que la “prioridad nacional” adquiría rango de ley. En la Comunidad Valenciana, según dicha norma, el arraigo ha de acreditarse con tres años consecutivos de empadronamiento o 10 de residencia. El requisito temporal choca con la doctrina de la Unión Europea, que censura períodos superiores a cinco años.

Entre las medidas más recientes está la promovida este mes en Castilla y León por Vox, donde la Consejería de Cultura recae en el dirigente ultra Alberto Díaz Pico. Allí, el presidente autonómico, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha transigido incluir como cláusula, para la adjudicación de subvenciones para la creación de películas, que los filmes receptores no incluyan “actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

“No me lo puedo creer, me parece mal, estoy flipando”, reconoce en privado un miembro del comité de dirección de Alberto Núñez Feijóo sobre la nueva cláusula. “La libertad es siempre un pilar fundamental para cualquier democracia y seguro que no es como se está contando”, defendió en público el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, este miércoles. Este miércoles, además, el consejero Díaz Pico anunció que el Ejecutivo autonómico creará un comité de funcionarios para valorar el contenido ideológico de las películas y cuestionó el festival de la Seminci de Valladolid.

En Andalucía, como avanzó también en exclusiva elDiario.es, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha suspendido las ayudas públicas que otorgaba a tres ONG —Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta— para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar. Dicha asistencia daba cobertura en gran medida a personas migrantes. En Extremadura, y a su vez relacionado con el recorte de fondos, la Junta de Guardiola anunció a principios de junio la decisión de recortar casi nueve millones de euros de los fondos destinados a cooperación al desarrollo para 2026, pasando de 11 a 2,7 millones de euros, además de no sustituir a la directora general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), Isabel Belloso. En la mayoría de territorios, Vox exige la reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos y patronal.

De vuelta en Aragón, el Gobierno de Azcón suprimió a finales de julio la asignación semanal que recibían los menores extranjeros no acompañados que residen en la comunidad aragonesa. Cada menor percibía 17 euros de forma fija que eran, a juicio del partido ultra, una “propina” que se pagaba con cargo al Presupuesto de la comunidad.