Colombia pierde la guerra contra los drones

Era la hora del almuerzo, hacia las 12.30, cuando los primeros explosivos cayeron sobre el comedor de la tropa y cubrieron de humo y pánico el cuartel. Después llegó otra andanada de drones. Los soldados corrían, y también los vecinos que estaban cerca del recinto. En el suelo yacían los cuerpos de al menos tres militares, había 16 heridos graves y otros 31 afectados. El atentado, contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el norte del país, es uno de los más letales del año en una guerra que no cesa y que se libra cada vez más desde el aire. Atribuido al ELN, esta ofensica vuelve a mostrar un país incapaz de frenar unos ataques que en 2026 ya han batido todos los récords.

Desde agosto, el mes en que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia, al menos 12 uniformados han muerto por explosivos lanzados desde drones, frente a los ocho de los siete meses anteriores. El ritmo se ha más que triplicado: de poco más de uno al mes a casi cuatro. Los datos de la Policía Nacional, con corte al 20 de octubre, fueron entregados a EL PAÍS mediante una solicitud de información pública. A esa cifra se suma el infante de marina Edwin Andrés Vargas, asesinado el 23 de octubre, y a los tres soldados muertos este sábado en Santa Rosa del Sur.

Condenamos con absoluta contundencia este acto de barbarie y sevicia terrorista perpetrado contra nuestros soldados en Santa Rosa del Sur, Bolívar. La violencia desmedida de estos criminales, que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos, constituye una atrocidad que… https://t.co/SaGsHvoZgd

— Mindefensa (@mindefensa) November 7, 2026

El primer ataque de este tipo se registró en julio de 2023 en Puerto Guzmán, en el Putumayo, en el sur del país, y desde entonces son cada vez más frecuentes. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) cuenta 119 ataques en 2024, 277 en 2025 y 351 este año hasta el 2 de noviembre, uno cada 21 horas. Agosto, con 56, fue el peor mes del año.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el “ataque terrorista” de este sábado y prometió “identificar, perseguir y capturar” a los responsables, pero, de momento, sigue sin tener las herramientas para neutralizar estos atentados.

El Ministerio de Defensa aseguró que en 2025 detectó unos 9.000 intentos de ataques y neutralizó cerca del 96%. Pero ese 4% restante basta para ser letal. “La capacidad disponible es cada vez más impotente ante la sofisticación y la masificación del uso de drones”, mantiene el exministro de Defensa Pedro Sánchez. “Los grupos armados siempre van a tener menos restricciones que un Estado”, añade Gerson Arias, investigador de la FIP especializado en conflicto armado.

La tecnología de los grupos avanza más rápido que las defensas del Estado. Ya usan drones kamikaze, que no sueltan una carga sino que se estrellan contra el objetivo y explotan con él, y otros guiados por fibra óptica, que no emiten señal de radio y que los inhibidores no pueden bloquear. Según la inteligencia militar, este año la facción de Mordisco suma 175 ataques y el ELN, que en 2025 había lanzado 36, ya va por 145. Y Colombia sigue sin un sistema capaz de frenarlos.

Los datos de la Policía dibujan dos frentes. Ocho de los 16 muertos de este año se concentran en el Catatumbo, en Norte de Santander, una región que De la Espriella acaba de militarizar. En el Cauca, en el suroeste, los drones hieren más de lo que matan. Allí resultaron heridos 46 de los 89 uniformados que la Policía registra este año, entre ellos 20 policías, muchos en ataques contra estaciones policiales. Diez de los 16 muertos eran soldados profesionales, la base de la tropa.

Los uniformados no son los únicos que mueren. La Policía registra en 2026 otras 12 personas muertas por drones que no pertenecían a la Fuerza Pública, aunque no precisa cuántas eran civiles ni cuántos eran hombres armados muertos en combate. El 26 de febrero, una granada de mortero lanzada desde un dron cayó sobre una casa de Segovia (Antioquia) y mató a una mujer y a dos de sus hijos. “Es una familia que nada tiene que ver con el conflicto”, dijo el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

La ventaja que dan los drones a los grupos, según la FIP, solo se compara con la que obtuvo la Fuerza Pública hace 25 años, cuando incorporó capacidades aéreas. Los criminales formaron a sus operadores en Venezuela, pero hoy lo hacen en escuelas propias en Colombia y se cree que han contratado a instructores que regresaron de Ucrania. Otros, según fuentes militares, se han entrenado viendo videos de YouTube. Compran o imprimen partes en impresoras 3D. “Más allá de adiestrar en el manejo de un dron, les enseñan también cómo adaptarlos, cómo hacerlos”, explica Arias. En un mensaje de comienzos de 2025 citado por la FIP, Mordisco presumía de fabricar por unos seis millones de pesos (unos 1.900 dólares) un dron que en el mercado cuesta 36 millones (unos 11.000).

Colombia lleva años comprando defensas contra drones, en pequeñas cantidades y con malos resultados. Un dron cuesta unos miles de dólares, pero inhibirlos cuesta millones. En diciembre de 2024, el Ministerio de Defensa contrató equipos de la estadounidense Dedrone por 25,4 millones de dólares, pese a que el entonces presidente Gustavo Petro había prohibido comprar sistemas de ese país. La entrega se retrasó. En 2025, el Ejército compró 40 inhibidores portátiles DroneGun, que solo funcionan a corta distancia. Los requisitos mínimos exigían detectar un dron a dos kilómetros, pero según hallazgos de la Contraloría recogidos por el nuevo Gobierno, los sistemas comprados en los últimos cuatro años habrían detectado los aparatos a 300 y 430 metros, cuando ya están casi encima. “No hay ningún equipo en el mundo que cumpla actualmente con ese requerimiento para la particularidad colombiana”, mantiene Sánchez.

El 12 de agosto de 2025, varios drones dejaron caer granadas de mortero sobre un puesto fluvial del río Naya, en Buenaventura, y mataron a un sargento y a dos soldados. Los equipos de Dedrone seguían sin llegar. En febrero de 2026, el ELN atacó con drones el cantón militar San Jorge, en Saravena (Arauca). La base tenía un sistema antidrones, pero no sirvió porque los aparatos iban guiados por fibra óptica.

El caso más sonado fue el del Catatumbo. En 2025, el Ministerio de Defensa, entonces dirigido por Sánchez, dispuso que las compras antidrones pasaran por Codaltec, una empresa estatal que no fabricaba esos equipos y los compró a proveedores extranjeros. Sánchez lo matiza: sostiene que su objetivo era que Colombia desarrollara su propia tecnología antidrones y que al menos el 70% de ese presupuesto se destinara a Codaltec, “siempre y cuando cumpliera con los requisitos exigidos y fuera competitivo”. El contrato, de unos 80.000 millones de pesos (25 millones de dólares), era para 19 sistemas, pero no superaron las pruebas porque no inhiben todos los drones y el Ejército no los recibió. Codaltec defiende que cumplen las especificaciones técnicas del contrato, y la disputa sigue abierta.

En enero de 2026, el Ministerio lanzó el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto de más de seis billones de pesos (unos 1.900 millones de dólares). Se anunciaron pruebas en tres continentes y se interesaron 119 empresas, pero no se adjudicó nada. Una de las grandes frustraciones del exministro Sánchez, precisamente, fue no lograr una defensa antidrones. La justificación, cuenta, fue que el equipo técnico del ministerio se negó a aprobar la compra porque no existía un sistema 100% eficaz, aunque se tratase de lo mejor que había en el mercado. Mientras tanto, reclama, los soldados morían.

Abelardo de la Espriella llegó al poder con este tema en la agenda. El 5 de agosto, aún como presidente electo, su equipo llevó el contrato de Codaltec ante la Fiscalía por posibles sobrecostos de hasta el 85% y desde entonces se suceden los anuncios. No se conoce ninguna compra adjudicada desde el 7 de agosto. El 4 de octubre, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, prometió “sistemas para el dominio y la protección del espacio aéreo”, pero no dio fechas ni plazos. “Hoy, las Fuerzas Militares actúan con un 46% de las capacidades que deberían tener. Estamos por debajo de la mitad”, dice Arias. EL PAÍS pidió a la Policía el gasto en sistemas antidrones entre 2022 y 2026 y aún no ha respondido. El Gobierno tampoco respondió a las preguntas de este periódico.

La FIP recomienda combinar las defensas con acciones contra los instructores, proveedores y redes de abastecimiento de los grupos, y llevar los equipos a las unidades pequeñas y alejadas, las más expuestas. Una máxima atribuida al mariscal británico Bernard Montgomery resume un reto que no es exclusivamente de Colombia: “Si perdemos la guerra en el aire, perdemos la guerra, y la perdemos rápido”.