La tensión entre el Gobierno de Ceuta y La Moncloa a cuenta de la entrada masiva continúa en aumento. La afrenta mantenida por el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, desde mitad de agosto contra la Administración central ha sumado este martes un nuevo capítulo. El Ejecutivo ceutí envió hace un mes un requerimiento formal solicitando más información sobre los miles de migrantes internados en los recursos de acogida. Y censuran que no se están poniendo los medios suficientes para tramitar los expedientes de devolución. Enfrente, el mando único defiende que los dichos “expedientes se pueden resolver en el plazo de un mes”, que “se deben respetar los procedimientos legales” y que se han movilizado los recursos necesarios. Tras la contestación remitida, el equipo de Vivas amenaza con elevar la cuestión al Tribunal Supremo.

“Queremos saber si se están tramitando las devoluciones con los medios suficientes, cuántos expedientes se han iniciado, el tiempo de duración y el calendario para devolver a estas personas”, ha señalado Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno de Ceuta, este martes en rueda de prensa. El vicepresidente primero ha criticado a su vez que es “bastante lamentable” que después de tres meses “no se haya ejecutado ninguna devolución y que el Estado solo aporte las cifras de salidas voluntarias que se producen”. “Es decir, tenemos que estar pendientes de la buena fe de estas personas para irse, lo cual parece el único mecanismo certero de devolución”, ha remachado.

El primer paso para que los expedientes de devolución puedan ser tramitados es la toma de datos de los migrantes, un proceso conocido como filiación y posterior triaje. Dichos procedimientos no arrancaron en Ceuta hasta que los recursos de acogida del Gobierno fueron instalados en la ciudad autónoma, en la tercera semana de agosto. Días después, a finales de ese mes, se habían completado apenas unas decenas de triajes. Hoy, con 10 establecimientos de realojo disponibles y unas 6.000 personas internadas, asciende a 4.432 triajes.

Más de 12.700 migrantes han retornado a Marruecos desde el 10 de agosto, pero la gran mayoría ha regresado voluntariamente; solo un pequeño porcentaje ha sido expulsado y por cuestiones relacionadas con delitos o infracciones. No por expedientes de devolución judicial como tales. Acorde al Pacto Europeo de Migración y Asilo, el Gobierno central dispone de un plazo máximo de 12 semanas para la tramitación de los expedientes de devolución, de los que la mitad corresponde a la actuación de la Justicia. También caben apelaciones por parte de los afectados tras la resolución. Fuentes del Ministerio de Interior indican que, en Ceuta, hay ahora un “cuello de botella” en el paso que corresponde a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) porque muchos magrebíes solicitan asilo, algo que no ocurría con tanta frecuencia con anterioridad a la crisis ceutí de finales de julio.

Como avanzó este periódico, La Moncloa tenía previsto aprobar un decreto para reducir esos plazos y aligerar de esa forma las devoluciones, pero la aprobación de los dos decretos de vivienda, tras el desahucio de Maricarmen Abascal, frenó dicho proyecto. Luego llegó la convocatoria adelantada de elecciones. El Gobierno central, a través de su mando único liderado por el ministro Ángel Víctor Torres, lleva días poniendo el foco en cómo se han acelerado los retornos “voluntarios” gracias a los desalojos de los asentamientos de las playas y los desmantelamientos de otros campamentos repartidos por las barriadas. También se han impulsado las batidas policiales en las calles.

Preguntado por los plazos que se barajan para empezar a ejecutar las devoluciones, el ministro Torres apuntó la semana pasada a que el español es un sistema “garantista”, subrayó que existe ese plazo de 12 semanas y ensalzó la “grandísima noticia” de que unos 12.000 hayan retornado. El ministro también se ha expresado este martes a través de redes sociales para responder a las advertencias del Ejecutivo ceutí.

Es curioso porque los mismos que hablan de “inacción” son capaces de recurrir al Supremo sin dar ni una explicación sobre su gestión en esta crisis.

Por ejemplo, sobre las trabas que han puesto para usar espacios previamente consensuados o el incumplimiento de las medidas que…

— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) October 20, 2026

“Es curioso porque los mismos que hablan de ‘inacción’ son capaces de recurrir al Supremo sin dar ni una explicación sobre su gestión en esta crisis”, se ha quejado el ministro Torres en redes sociales tras la advertencia del Gobierno de Ceuta de acudir al alto tribunal. “Por ejemplo, sobre las trabas que han puesto para usar espacios previamente consensuados o el incumplimiento de las medidas que anunciaron, como que los niños serían retornados de inmediato a su país. Sin embargo, no ha salido ni un niño de Ceuta a Marruecos. Los únicos retornados son adultos. Eso es lo que tiene prometer imposibles y anunciar medidas que contravienen el derecho superior del menor”, remacha el ministro a través de X.

Source: El País · Virginia Martínez

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