Las delegaciones del chavismo y la oposición venezolana concluyeron este martes su tercera ronda de negociaciones políticas en Caracas sin que se hicieran públicos acuerdos definitivos entre ambas delegaciones. El anuncio de los resultados de esta tercera ronda, que se esperaba para la tarde, terminó demorando varias horas, y fue formalizado sobre las nueve de la noche. Con el fin de esta jornada se ha dado término a una intensa agenda de 10 días de trabajo. La próxima sesión, la cuarta, ha quedado prevista para el mes de noviembre.
La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, informó de que se acordó revisar las normas de reuniones públicas y manifestaciones; la Ley Orgánica de la Contraloría General sobre inhabilitaciones; la Ley Simón Bolívar y la tipificación del terrorismo en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Por su parte, Jorge Rodriguez, jefe de la delegación chavista, dijo que el Comité de Postulaciones para escoger al nuevo Tribunal Supremo de Justicia debe quedar juramentado este 22 de octubre. Rodríguez habló de una iniciativa para crear una Defensoría de garantías políticas y participación ciudadana .
Esta nueva sesión se ha desarrollado en medio de una clara dificultad para encontrar zonas de coincidencias en temas fundamentales, como lo han comentado varias fuentes y lo han reconocido en privado algunos de sus actores. Las dos delegaciones tenían prevista, en esta ocasión, la discusión sobre la restitución de los derechos constitucionales y la creación de condiciones equitativas para partidos políticos y candidatos; la continuidad al proceso para renovar el poder Judicial, que debe desembocar en la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia; y las primeras aproximaciones para escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral.
El anuncio de la reanudación del diálogo político entre el gobierno y la oposición fue recibido con una evidente indiferencia y escepticismo por parte importante de la opinión pública local. La concreción de algunas victorias tempranas en lo tocante a la reforma del Poder Judicial y el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo, junto a importantes concesiones pactadas en materia de libertad de expresión y derechos civiles, habían estado alentando el ánimo de algunos actores políticos vinculados al proceso.
Las jornadas de diálogo de Caracas se desarrollan sin la participación de María Corina Machado, la líder más popular de la oposición, circunstancia que ha deteriorado aún más las relaciones internas del liderazgo de esta corriente. Casi al mismo tiempo que se concretaba en mayo el famoso Acuerdo de Panamá —en el que se ratificaba su liderazgo opositor—, la Administración Trump tomó la decisión de convocar al diálogo con el chavismo, y decidió estructurar el equipo negociador de la oposición con parlamentarios pertenecientes a la Asamblea Nacional de 2015.
Hace pocos días, en una entrevista al diario estadounidense The New York Times, la líder opositora aludió de manera expresa al hecho de haber quedado fuera del diálogo luego de una decisión unilateral tomada por la Casa Blanca. Machado no quiso abundar en el tema ni calificar lo sucedido, pero también declinó hacer comentarios sobre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y su estrategia democratizadora para Venezuela.
En las jornadas de diálogo de los pasados meses de agosto y septiembre, las delegaciones del chavismo y la oposición lograron acordar gestiones conjuntas para recuperar los activos internacionales de la República congelados en el exterior; atención prioritaria a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio; y el fin del bloqueo de más de 200 dominios de internet y portales informativos censurados en el país desde hace varios años.
En el contexto de estos acuerdos, la mayoría chavista de la Asamblea Nacional había decidido modificar los aspectos penales más draconianos de la temida Ley contra el Odio, luego de una solicitud pública que les hiciera la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este tema pertenecía a la agenda de temas del diálogo bilateral en desarrollo. Las sesiones legislativas para iniciar las reformas a la Ley del Odio no han comenzado aún.
Sobre los cambios a esta normativa ha trascendido que en la directiva de la Asamblea se ha decidido modificar las penas de cárcel por multas y sanciones administrativas, para suavizar sus contenidos sin llegar a derogar la ley. Para ello ya hizo la respectiva consulta al Tribunal Supremo de Justicia en funciones. Varias organizaciones civiles y ligas gremiales de periodistas han pedido a las autoridades chavistas el fin de la vigencia de esta ley, por considerar que lesiona la libertad de expresión, y no una reforma parcial de sus contenidos.
Source: El País · Alonso Moleiro
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