El sindicato CC OO ha anunciado este miércoles una batería de acciones, tanto judiciales como de peticiones de responsabilidades policiales, contra la actuación policial en la pasada huelga general del 11 de noviembre, que consideran desproporcionada. La organización sindical ya ha denunciado por la vía penal las actuaciones en las que miembros de su sindicato fueron golpeados durante la jornada de protesta y también interpondrá una reclamación por la vía contencioso-administrativa por presunta vulneración de derechos fundamentales. El secretario general del sindicato, Unai Sordo, ha reclamado además que se diriman responsabilidades policiales por el dispositivo y que se revisen los protocolos para que no vuelva a darse una situación parecida. En último extremo, ha descargado la responsabilidad en el Ministerio del Interior. “Pedimos responsabilidades, cabezas o dimisiones”, ha subrayado Sordo.

“Una parte de las personas golpeadas, aporreadas y gaseadas son de Comisiones Obreras”, ha detallado el secretario general durante una comparecencia ante los medios en la sede del sindicato. “Desde una persona que forma parte de la Ejecutiva confederal hasta personas que trabajan en distintas áreas del sindicato, o delegados o delegadas de los centros de trabajo. Por tanto, hablamos con conocimiento de causa”, ha manifestado.

CC OO ha hecho pública su intención de acudir a los tribunales después de analizar los relatos de sus representantes, de revisar numerosos vídeos y desde su capacidad para comparar lo ocurrido en otras huelgas. “No es ni medio normal que, sin tener una actuación particularmente contundente de ningún piquete, la Policía se dedique a expandir gases con unos efectos tóxicos sobre los ojos y la piel de la gente a la que está en la obligación de proteger”, ha incidido Sordo.

Las acciones por la vía contenciosa pretenden reclamar que se estudie, por una vía urgente, si se han producido vulneraciones de derechos fundamentales, por actuaciones contra piquetes informativos en Mercamadrid y en las cocheras de la EMT, especialmente en las de Fuencarral. Paloma López, secretaria general del sindicato en Madrid, ha explicado que antes de la huelga se habían producido pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dejaban sin efecto los servicios mínimos acordados por la Comunidad de Madrid y que los piquetes informativos pretendían hacer saber a los trabajadores que no tenían esta información de que esos servicios mínimos ya no eran obligatorios, pero la actuación policial les impidió ejercer su labor y afectó a la libertad sindical y al derecho de huelga.

CC OO también piensa reclamar al Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y la Delegación del Gobierno en Madrid para que se depuren responsabilidades y que se adopten medidas de garantía que eviten futuras actuaciones desproporcionadas. Sordo ha reclamado que se explique quién tomó las decisiones operativas durante la manifestación y por qué, y ha insistido en que debe haber consecuencias si no se aclara lo ocurrido.

Al día siguiente de la huelga, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó abrir “investigaciones específicas” sobre las “distintas incidencias”. También acordó que, a partir de ahora, no se use espray de defensa personal (que las unidades policiales llevan como dotación) en actuaciones para mantener el orden público, como manifestaciones. Sin embargo, las reclamaciones del sindicato van más allá del uso del gas pimienta, sino que se ha cuestionado la actuación contra los manifestantes en Madrid, al final del día, cuando estaban a punto de llegar a la Plaza de España.

Comisiones Obreras no es la única organización que se ha planteado acciones legales por lo ocurrido durante el 11 de noviembre. El Sindicato de Inquilinas, principal impulsor de la movilización, lleva una semana recabando denuncias de manifestantes que consideran que la policía se sobrepasó con ellos. Han recibido “cientos de testimonios” que están “tratando con respeto y rigor” para decidir la mejor forma de llevarlos ante la justicia. El sindicato de inquilinas todavía no ha especificado qué tipo de acciones legales emprenderá, aunque está trabajando en coordinación con Legal Sol, un colectivo de abogados especializado en la defensa de manifestantes y activistas.

Source: El País · Juana Viúdez, Sergio Aires Machado

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