Catástrofes inasumibles

Por segunda vez en nueve meses, España entera está sobrecogida ante las imágenes de dos trenes de alta velocidad destrozados sobre una vía en medio del campo, las pavorosas cifras de muertos y los impactantes relatos de los supervivientes de un accidente ferroviario que tendrá su propia página en la historia. Casi 400 personas viajaban en el tren AVE que, a las 8.53 de este miércoles, chocó con un tren Iryo parado en la vía Madrid-Andalucía a la altura de Urda (Toledo) con otras 146 personas a bordo. El balance de 68 muertos es aún provisional. El número de heridos supera el centenar. En estas horas críticas, es necesario transmitir a quienes han perdido a un ser querido la empatía y solidaridad de toda la sociedad española. Los testimonios de las familias y de los supervivientes serán el ancla para no olvidar en ningún momento las dimensiones de este drama humano.

La secuencia de los hechos provisional que describe el Ministerio de Transportes comienza con un fallo del sistema electrónico de seguridad que controla el tráfico en la vía, algo no habitual pero que puede suceder. Seis trenes quedaron parados automáticamente y la seguridad pasó al centro de control de Atocha. Desde ahí, alguien dio la orden al AVE de reanudar la marcha a la velocidad normal, a pesar de haber una señal roja y un tren parado delante. El choque fue violentísimo. En esa decisión, tomada por un operario, reside ahora mismo el principal enigma. El ministro Óscar Puente habló de una “decisión errónea” y de “circunstancias inexplicables”. Solo la prudencia obligada por un procedimiento judicial puede justificar que se demore una explicación, aunque sea preliminar, a un país estupefacto ante lo inconcebible.

El pasado enero, dos trenes de alta velocidad chocaron en Adamuz (Córdoba) y dejaron 46 muertos en el peor accidente ferroviario desde Angrois (Pontevedra), en 2013. Aquello fue señalado como un parteaguas en la evolución de la alta velocidad española, un proyecto de décadas que le ha valido a España el reconocimiento mundial como país de vanguardia en las infraestructuras de transporte. La reflexión posterior afectó a todos los aspectos del transporte ferroviario, desde los protocolos de seguridad y el estado de la infraestructura hasta los protocolos de comunicación, la liberalización comercial y la sobrecarga de las rutas. Ahora España se pregunta cómo ha podido volver a repetirse una tragedia en la alta velocidad y se ha reabierto de la manera más dolorosa posible aquel trauma colectivo. Esta vez, sin los elementos de fatalidad y azar que tuvo Adamuz. La crisis de confianza que se abre en la fiabilidad del Estado es incalculable.

Por eso lo sucedido en Urda no es solo una tragedia humana, ni un accidente ferroviario. Es una catástrofe que impacta en un nivel más profundo a los ciudadanos, y ningún análisis puede eludir que España está viendo las imágenes del horror mientras se prepara para votar en las elecciones de 29 de noviembre. Todos los partidos menos Vox suspendieron la campaña electoral. Los ciudadanos sabrán valorar a quienes pongan el dolor por encima de la campaña, igual que se dan cuenta cuando alguien trata de cabalgar a lomos de la legítima indignación social. Queda tiempo para incorporar la política a la conversación, pero este es el momento de la contención y el respeto, de la unidad y la responsabilidad.

Corresponde a todos estar a la altura de un país conmocionado que exige respuestas, un país que se pregunta no solo cómo es posible que ocurra esto, sino que ocurra dos veces, y que ha pasado del orgullo por la eficiencia y la modernidad de sus infraestructuras a convertirse en una excepción europea por la acumulación de tragedias ferroviarias en tan poco tiempo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio con las palabras: “No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”. Ciertamente, no lo es, y eso exige que se investigue qué y quién falló y que se asuman las responsabilidades. El ministro de Transportes, Óscar Puente, también estaba al mando durante el siniestro de Adamuz y en aquel momento aseguró que la probabilidad de otro accidente similar en la red ferroviaria española es “muy baja, bajísima”. Este miércoles, ha vuelto a suceder. La exigencia de rendición de cuentas es todavía mayor que entonces.