Ábalos pide la nulidad del último registro en su vivienda: “Solo tengo conocimiento a través de la televisión”

El exministro de Transportes condenado a 24 años de prisión, José Luis Ábalos, ha presentado un nuevo escrito ante la Audiencia Nacional en el que pide que se declare la nulidad del registro que hizo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 5 de noviembre en su casa en Valencia. El que fuera secretario de Organización del PSOE ha asegurado que todavía no ha recibido la resolución en la que el juez del caso Koldo autorizó dicha actuación. “Solo tengo conocimiento de la entrada y registro de mi vivienda a través de la televisión. Nadie me ha comunicado oficialmente nada”, ha manifestado este domingo en una publicación en la red social X en la que denuncia que se han vulnerado sus derechos.

En su mensaje, Ábalos sostiene que “no se trata de una simple queja”. Subraya que, al llevar casi un año privado de libertad y a plena disposición judicial, “lo mínimo exigible es que las reglas del juego se respeten con rigor y se garanticen los derechos fundamentales de las personas”. Por eso, pide al juez Ismael Moreno que “examine las anomalías de esta actuación y declare nulos tanto el registro como el auto que lo autorizó”. En la misma línea, solicita que se impida de forma cautelar “cualquier acceso, clonado o volcado del contenido de los dispositivos intervenidos” hasta que los magistrados contesten a su incidente de nulidad. Y reclama que se “devuelvan de inmediato” todos los dispositivos que “pertenecen a terceros ajenos a la causa”.

#EnElNombreDeÁbalos | Más de lo mismo: ocho motivos para impugnar el registro del 5 de noviembre.

Hoy he dado un paso necesario en la defensa de mis derechos: he promovido un incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia Nacional contra el registro practicado el pasado 5… pic.twitter.com/kUUjeXssPH

— EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 15, 2026

El juez del caso Koldo ordenó este nuevo registro en la casa de Ábalos después de abrir una pieza secreta a raíz de un nuevo informe de la Guardia Civil. Ese mismo día, se produjeron entradas también en domicilios de Madrid, Sevilla y Córdoba y se reclamó información a Adif y a la constructora sevillana Grupo Azvi. Fueron detenidas seis personas. Los agentes intentaron tomar declaración como investigada a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, que es quien actualmente vive en el domicilio, pero esta se acogió a su derecho a guardar silencio.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el abogado Marino Turiel sostiene que se ha vulnerado el derecho a la defensa de Ábalos, así como su derecho a la inviolabilidad del domicilio y a un proceso con todas las garantías. Recalca que la ley fija que los registros se deben hacer “en presencia del interesado o de la persona que legítimamente le represente”. Y defiende que el hecho de que De la Torre hubiese estado en la vivienda mientras se realizó el registro “no altera” que el exministro sea el propietario y titular del domicilio. “La diligencia se practicó sin el titular del domicilio, sin su representante, sin su letrado y con una única presente detenida, sin abogado y con intereses contrapuestos”, señala.

El letrado también considera que la decisión del juez de declarar secreta la pieza no le exime de notificarle la resolución en la que ordena el registro en su casa. Insiste en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal “garantiza al investigado el derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen y de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación, así como a examinar las actuaciones con antelación suficiente para salvaguardar su defensa”. “Sin la notificación del auto, mi representado no puede controlar su motivación ni recurrirlo”, subraya. Por ello, solicita que se le notifique esa resolución y la que fija la apertura de la nueva pieza que está bajo secreto para “poder completar las alegaciones de este motivo”.

La defensa de Ábalos incide en que el juez debe señalar qué razón concreta le llevó a registrar el domicilio en Valencia, que “ya había sido registrado el 10 de junio de 2025″. Así, sostiene que la medida acordada el pasado 5 de noviembre no está suficientemente justificada y carece de proporcionalidad.