1976: Cuando la política entendió el interés general

En el 50º aniversario de la Ley para la Reforma Política, conviene recordar que los grandes acuerdos no nacen de la ausencia de diferencias, sino de la capacidad y la generosidad de reconocer aquello que una sociedad necesita por encima de los intereses particulares. Aquella experiencia demuestra que, en los momentos de mayor incertidumbre, el entendimiento puede abrirse paso cuando existe una voluntad compartida de avanzar.

El 18 de noviembre de 1976 fue posible la concordia en España. Unas Cortes que no habían sido elegidas democráticamente aprobaron una ley que abriría el camino a su propia sustitución por un Parlamento elegido mediante sufragio universal. Menos de un mes después, el 15 de diciembre, los españoles ratificaron en referéndum la Ley para la Reforma Política. Aquella decisión constituyó uno de los acontecimientos más extraordinarios de nuestra historia política reciente y un precedente universal de generosidad política. Desde la legalidad de un régimen autoritario se hacía posible su superación y el nacimiento de un nuevo sistema democrático. No se trataba de aprobar una norma, sino de asumir que la continuidad institucional necesitaba asentarse sobre una legitimidad distinta.

Cincuenta años después, cuando recordamos aquel episodio, resulta tentador detenernos en sus protagonistas y en su capacidad de liderazgo y habilidad política. No obstante, el elemento más valioso de su aportación a la Historia de España fue su voluntad de legitimar democráticamente el poder recibido y de poner el interés general, y no el partidista, por encima de todo lo demás. Una potente luz que debería iluminar las actuaciones de la clase política actual. Aquella disposición a anteponer el futuro común a las ventajas inmediatas es una lección de responsabilidad política que merece ser recordada.

No fue un camino sencillo ni estuvo exento de contradicciones, riesgos y discrepancias. Eran muchas y muy profundas. No obstante, el papel del Rey y la convicción colectiva de la necesidad de un cambio no traumático que exigía la sociedad española consolidaron entre los líderes políticos la convicción de que el país necesitaba una salida política viable, capaz de dotar de legitimidad democrática a sus instituciones y de ofrecer estabilidad y convivencia. El acuerdo no eliminó las diferencias ni hizo desaparecer los temores. Permitió, sin embargo, que la responsabilidad ante el futuro prevaleciera sobre las reservas de cada uno.

La Ley para la Reforma Política fue la respuesta a una necesidad histórica: construir un futuro de paz y convivencia, en el marco de un sistema político homologable al del resto de países europeos. Su trascendencia no radicó únicamente en permitir la celebración de las elecciones generales de junio de 1977, sino en establecer las condiciones jurídicas para que los españoles pudieran decidir su futuro político. La norma no pretendía contener por sí sola todas las respuestas, sino que abrió un proceso para construirlas y, sobre todo, devolvió la voz al soberano constitucional, es decir, al pueblo español. Y el pueblo habló y apoyó en referéndum ese cambio histórico con un respaldo del 94%. Una unanimidad que hoy en día es impensable en el escenario social y político actual. Aquel respaldo expresaba el deseo de una sociedad de participar en la construcción de su futuro y de hacerlo mediante una decisión colectiva.

Supuso también el triunfo de un principio básico de los sistemas demoliberales, y que hoy en día está bajo ataque constante por parte de muchas fuerzas políticas de forma bastante irresponsable: ponerse de acuerdo no significa siempre pensar lo mismo y, sobre todo, evita esa tentación tan propia del siglo XIX español de imponer soluciones constitucionales que excluyen a una parte relevante de la población. Ese es un camino que los protagonistas de la Ley para la Reforma Política tenían muy presente, del mismo modo que el trauma de la Guerra Civil les inspiró una capacidad inédita de encontrar puntos de encuentro. El valor del consenso residía en hacer posible una transformación compartida, sin exigir a nadie que renunciara a sus convicciones, pero sí que reconociera la legitimidad de las ajenas.

Cincuenta años después, tenemos la obligación de recordar y aprender; la lección más importante es tener la convicción de que ninguna sociedad está condenada a permanecer prisionera de sus propias divisiones. Aquella generación comprendió que el futuro de España era más importante que la victoria particular de cualquiera de sus protagonistas, y que la democracia exigía algo más difícil que alcanzar el poder: aceptar sus límites, reconocer la legitimidad del adversario y construir un destino compartido. Por eso, recordar 1976 exige reconocer que la convivencia se construye cada día, con decisiones políticas que miran más allá del beneficio inmediato.

Honrar aquel legado no debería consistir en invocar nostálgicamente la concordia de entonces, sino en recuperar la ambición política y moral que la hizo posible. Porque las democracias no se engrandecen cuando todos piensan igual, sino cuando quienes piensan distinto son capaces de comprender que hay algo más importante que sus diferencias: el país que comparten y el futuro que tienen la obligación de legar a quienes vendrán después.