El pasado febrero, en Ibiza, un hombre con una orden de alejamiento en vigor y una pulsera antimaltratadores activa entró en la casa de su expareja y comenzó a golpearla. Una y otra vez. A ella y a su madre, su hermana y su padre, que fueron quienes llegaron a la casa primero. A él, de 34 años, lo detuvo la Guardia Civil; los familiares fueron atendidos por contusiones; y ella, de 31, acabó en la UCI. En aquel momento la alerta se disparó: ¿cómo se acerca un agresor a su víctima si tiene un dispositivo que hace saltar las alarmas cuando entra en el perímetro de seguridad? La pulsera funcionó, el problema fue la distancia a la que se había impuesto esa orden de alejamiento, de 100 metros.

En 100 metros, señalaron desde el Ministerio de Igualdad en aquel momento, “la capacidad de reacción es muy complicada porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen complicado llegar a tiempo de evitar agresiones”. Desde el ministerio explican que 350 metros “es la distancia mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema”. Y ese perímetro mínimo fue una de las “recomendaciones” y “peticiones” que hizo, también en febrero, Igualdad. Tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado.

Nueve meses después, el último informe de Cometa ―el servicio encargado de gestionar y vigilar estos dispositivos, dependiente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y con personal externo― registra 5.817 expedientes abiertos. De ellos, 1.415 dispositivos tenían órdenes de alejamiento con distancias por debajo de esa recomendación que hizo el ministerio. Según esos datos oficiales, había 25 por debajo de los 100 metros; 139 entre los 100 y los 199 metros; 1.251 entre los 200 y los 350 metros; 43 entre los 351 y 399 metros; 3.935 igual a 500 metros; y 383 por encima de los 500 metros.

En ese informe, al que este periódico ha tenido acceso, los técnicos de Cometa escriben: “El protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos establece que la distancia de alejamiento aconsejable para que el sistema sea más eficaz debe ser, al menos, de 500 metros. Asimismo, las recomendaciones técnicas del fabricante contemplan una distancia no inferior a 350 metros para favorecer el adecuado funcionamiento de los dispositivos de localización GPS”.

Cuando una mujer sufre violencia machista y denuncia, hay diversas medidas que pueden activarse. Una de ellas son las órdenes de alejamiento que llevan aparejado uno de estos dispositivos, las llamadas pulseras antimaltratadores. Estas medidas son decididas por la justicia, y son los jueces quienes fijan la distancia de alejamiento. Cuando esa distancia es inferior a 350 metros, explican desde Igualdad, “son los responsables de Comete quienes advierten al órgano judicial y recomiendan ampliarla”, y “la decisión de revisar la distancia corresponde al juzgado”.

El Consejo General del Poder Judicial, a preguntas de este periódico sobre la imposición de alejamientos por debajo de los 350 metros, señala que “no se pueden dirigir instrucciones a los jueces”. “No puede hacerlo el Consejo ni ninguna institución”, añaden. Sí se les pueden enviar “guías o recomendaciones, pero a la hora de la verdad, cuando un juez tiene que tomar una decisión, en este caso respecto de una orden de alejamiento, tiene que valorar todos los elementos que tiene sobre la mesa, y con esos elementos, en cada caso, tiene que tomar una decisión, no se puede generalizar”.

Las mismas fuentes oficiales del Poder Judicial explican, además, casos concretos, como acusados a los que hay que poner una distancia de alejamiento teniendo en cuenta, por ejemplo, “que entre donde él va a vivir y la vivienda de la víctima está su trabajo o el consultorio médico”. La cuestión, añaden, es que “se valoran todas las circunstancias, y manteniendo su neutralidad, el juez tiene que tomar una decisión”, por lo que es “inaplicable” una “generalidad de 350 metros”.

Desde el ministerio recuerdan que “la distancia que fija el juzgado importa porque determina el margen del que disponen desde el centro de control y también las fuerzas de seguridad para actuar ante un posible quebrantamiento”. No es, explican, una distancia “aleatoria”, sino que “tiene que ver con la seguridad de las víctimas”.

Y no es solo la recomendación de Igualdad al Poder Judicial sobre los 350 metros. En el protocolo del servicio Cometa suscrito entre el Ministerio de Interior, el de Justicia, el de Igualdad, Servicios Sociales, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, se amplía el perímetro: la recomendación a los órganos judiciales de no acordar una distancia inferior a 500 metros.

Ese protocolo fue firmado por todos los órganos el 11 de octubre de 2013, se actualizó en marzo de 2024 y, a día de hoy, mantiene la recomendación. “La distancia de alejamiento aconsejable para que el sistema sea eficaz desde el punto de vista de la protección de la víctima debe ser de al menos 500 metros”, se lee en ese documento.

En febrero, además de esa petición enviada al CGPJ y a la Fiscalía para que lo remitieran a todos los fiscales y juzgados, Igualdad mantuvo una reunión con ambas instancias donde ofreció una formación específica a órganos judiciales, entre otras cuestiones, por las de las órdenes de alejamiento y las distancias impuestas para las pulseras, según fuentes del ministerio.

Con la Fiscalía “aún no se ha podido materializar” esa formación, afirman desde la cartera de Ana Redondo a preguntas de este periódico sobre esa reunión; “y el Poder Judicial se negó a ofrecer esa formación a sus jueces”. “Hemos insistido en la necesidad y estamos a la espera de poder llevarla a efecto”, concluyen desde el ministerio.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Source: El País · Isabel Valdés

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