Universidades: la cigüeña es la culpable

La entrevista de Luciana Vázquez en LA NACION al especialista en financiamiento universitario Juan Ignacio Doberti fue titulada: “La universidad no quiere ponerle peaje al alumno del secundario para entrar porque es una víctima del sistema”. El entrevistado explicó que esa victimización consiste en la deficiente educación que los chicos reciben en la secundaria. La universidad buscaría reparar ese daño desde fuera del sistema (son otros los que fallan en un sistema desintegrado) con estrategias como el ingreso irrestricto, la gratuidad y, en el caso de la UBA, el CBC. A cada uno de los reiterados intentos de la periodista por poner en cuestión estas “vacas sagradas”, el especialista contestó con subjetividades, como por ejemplo apelar a las “preferencias” de cada uno en cuanto a qué hacer frente a ejemplos externos que parecen mejores, Brasil por ejemplo. Doberti volvió sistemáticamente al tema del secundario para explicar los orígenes de los problemas de financiamiento y sobre el final, ante el reiterado interrogante de “¿cómo desmontar la puesta en escena de la equidad de la universidad pública, gratuita y sin selección?”, respondió: “Tenemos que hacer las cosas bien y hacer las cosas bien es dar un secundario que provea los elementos”. Conclusión: para que la universidad pueda “hacer las cosas bien”, alguien, que son necesariamente otros, debe hacer las cosas bien y dar un secundario de calidad.

Doberti dijo “estoy muy lejos de creer que la universidad no tiene espacios de mejora”, y dejó otras afirmaciones que abren alguna posibilidad de salida a esta encerrona perfecta: “La universidad como institución conservadora tiene un problema muy grande y en general, es consciente de eso. En las reuniones del CIN, las reuniones de rectores, se plantea muy fuertemente la necesidad de transformación. Ahora, yo veo una agenda anti intelectual en general y anti universidad en particular”. Luciana Vázquez apuntaló esta visión agregando que el “Gobierno hace un análisis polarizado y simplificado, que termina produciendo un efecto de cerramiento de la discusión universitaria. Pero también la universidad es poco activa a la hora de llevar adelante los debates que la sociedad plantea…”. Fue entonces que Doberti lanzó una esperanzadora y osada afirmación: “Si el gobierno hiciera un programa de eficiencia universitaria, las universidades sin duda lo apoyarían”.

Transformación más eficiencia parece un programa deseable e imprescindible. Sobre todo porque, más allá de la eficiencia, los resultados universitarios argentinos no son satisfactorios en aspectos centrales como graduación contra matrícula, pertinencia de los graduados por carrera, calidad y empleabilidad de muchos, edad de los ingresantes, plazos de graduación, entre otros, que se pueden ver en los anuarios de información. En cada uno de estos datos no hay que mezclar criterios, no es lo mismo una ingeniería que una carrera artística. Ninguna es mejor o peor, pero requieren miradas distintas. Si la universidad fuera “eficiente”, adjetivo que vale la pena reanalizar en detalle sobre su significado en cada área, y mantuviera los resultados actuales, en muchos planos faltaría igual mucho por hacer. Hace unos días salió la noticia de que la minería va a necesitar 11.000 trabajadores, con un 80% de personas calificadas que no están en su totalidad y que se prevé traer de afuera. De Finlandia, por ejemplo. Una universidad privada a distancia está ofreciendo capacitar, ¿qué está pensando la universidad pública? Ya hubo que traer soldadores turcos para el nuevo oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Por lo que se ha visto hasta ahora, luego de tres años de gestión, es improbable que el gobierno actual encare ese programa de mejoramiento. No está en su agenda y por lo visto estima que la ausencia del estado es mejor que su presencia a la hora de apuntar en la Argentina a un sistema universitario potente y que sirva con eficacia al desarrollo nacional. ¿Se están graduando hoy los especialistas en temas petroleros, mineros y nuevas tecnologías que se necesitan? Se habla poco de eso. Tampoco de la gran cantidad de abogados, psicólogos, sociólogos, politólogos y contadores, entre otros, que se gradúan con futuro incierto. El criterio oficial ha sido sólo de recorte sin parecer interesarse activamente en la eficiencia y mucho menos en la mejora de resultados. De ese modo el debate sobre el futuro universitario cae en la misma vía muerta de siempre: el problema de la financiación. Usado como excusa para el conflicto pero nunca motor del mejoramiento. Se llega al gravísimo extremo de incumplir la ley de financiamiento votada por el Congreso, algo más que reprobable. De uno y otro lado se esgrimen argumentos parciales, pero la visión de conjunto brilla por su ausencia. Sólo es un tire y afloje con denuncias cruzadas pero poco foco en lo que importa.

Vale la pena reflexionar sobre la deficiente educación secundaria. Si se consulta en los colegios, la explicación será que los chicos vienen mal de la primaria. Muchos nunca aprenden a leer correctamente y a hacer las operaciones matemáticas básicas. En primaria se dirá que la escuela no logra remontar los déficit del jardín de infantes y de hogares sobrepasados de problemas por la pobreza y la vida moderna. Siguiendo esa lógica se llegará a culpar a la cigüeña que trajo al bebé. Mientras tanto, la interminable cadena hace que nadie sea responsable de nada porque la culpa de lo malo es de otros. Todos tienen de rehenes a los estudiantes que no aprenden lo que deben en cada nivel.

La historia muestra que el desarrollo de la formación docente para secundaria se terminó de definir en los años 90, con las transferencias de los institutos a las provincias. Y se consolidó con la ley educativa de 2006. Trajo una superproducción innecesaria y caótica de institutos. Surgieron atendiendo a razones de política partidaria en la mayoría de los casos, y no a un plan educativo de desarrollo ante la demanda creciente de docentes por mayor inclusión. Fue así como un esquema donde la universidad tenía mucha responsabilidad en la formación pasó a otro donde hoy tiene casi nula participación. La carrera de Letras de la que egresé a fines de los ’80 formaba a casi todos los docentes secundarios de Mendoza, al igual que de la misma facultad salían los de geografía, inglés, filosofía, historia y todas las asignaturas relacionadas. Hoy, menos del 10% de los docentes secundarios proviene de la universidad. La deserción universitaria de la formación para secundario no ha sido inocua, ha producido resultados desalentadores y coincide con la caída de la que la propia universidad se queja. En aquella época, la universidad no podría haber aducido que los alumnos no venían bien porque los docentes se formaban en su seno. Y de hecho, según los rendimientos de entonces (es cierto que en un sistema para menos, porque no todos iban al secundario) no había tantas deficiencias como se invocan hoy para explicar los malos resultados universitarios y justificar políticas carísimas que no dan frutos.

El gobierno nacional, con decisión y competencias técnicas, podría encarar cambios a través de la validez nacional de los títulos. Tomar las riendas y sólo dar título a quienes demuestren con un método de evaluación independiente que adquirieron las competencias. Lo actual es una estafa. Hoy quien forma dice que el docente está formado. Y la realidad demuestra que en muchos casos no es así. A través de ese mecanismo el estado nacional, según marca la ley, puede meter mano en la formación docente y volver a poner a las universidades nacionales no sólo a formar para el secundario sino a ser garantes de calidad, en un proceso de acreditación que incluya fusiones y cierres de lo existente basados en evidencias. La eficiencia tan requerida. Por tomar dos casos que suelen invocarse, en Chile y en Francia, que han hecho cambios permanentes en los últimos cuarenta años, la formación de los docentes secundarios es potestad de las universidades. De ese modo, en el marco del programa de eficiencia que, según Doberti, las universidades abrazarían con fuerza y de la vocación de transformación de los rectores ya no habría excusas porque la calidad docente dependería de la universidad. Tendrían a su cargo recibir buenos egresados secundarios, aún cuando los institutos que se aprueben sigan siendo gestionados por las provincias. Mecanismos hay, pero para eso la universidad debe salir de su caparazón y animarse a ser parte de un sistema que nunca debería haberse desintegrado. El gobierno nacional debería cambiar 180 grados su postura actual.

En 2017 se hizo el operativo Enseñar entre estudiantes de cuarto año de los institutos de los profesorados. Los resultados fueron preocupantes, porque 40% de quienes hoy están dando clases no alcanzaron niveles adecuados en aspectos básicos, como comprensión lectora. ¿Cómo enseñar lo que no se sabe? ¿Cómo habían hecho para llegar a un nivel superior sin tener comprensión lectora? La universidad estuvo fuera de ese proceso. Sería bueno que esto cambie. No va a suceder por generación espontánea, hay que gestionar un plan que evite las excusas y la asignación de culpas a otros.

Se requiere de protagonistas, incluso de la participación de notables de afuera del sistema universitario formal, que generen ese programa de eficiencia que los rectores al parecer están dispuestos a abrazar. Algunas sugerencias, de entre lo mucho por revisar, para ese trabajo que debe hacer la sociedad educada, no sólo la corporación de las universidades: 1) revisión de los alcances de la autonomía universitaria para evitar la parálisis de que nada importante se puede cambiar invocándola, transformando a la universidad en una suerte de estado independiente dentro del estado; 2) revisión del ingreso irrestricto y la gratuidad absoluta, mirando al mundo; 3) integración en el análisis del amplio sistema de educación superior no universitaria; 4) elaboración de un sistema de información estatal, digital, con base única y en tiempo real de carga, provisto y administrado por el Poder Ejecutivo, donde todos los datos sean públicos, salvo los que se demuestre categóricamente que deben ser secretos (fuera de dudas los que atañen a las personas y su privacidad); 5) revisión de los criterios institucionales que han llevado a una partidización de las universidades que excede en mucho la sana política universitaria alumbrada por la Reforma del ’18; 6) fijación de criterios de financiamiento ligados a estándares de matrícula, egresados, cantidad de autoridades (hay universidades similares en la cantidad de alumnos con el doble de autoridades), no docentes, etcétera, teniendo siempre en cuenta las distintas carreras, pues no es lo mismo una de pizarrón y tiza que otra con laboratorios, equipamientos especiales, etcétera; 7) Salir de la encerrona falsa de las auditorías, que hay que hacerlas pero no sólo con un criterio formal, sino también de sentido común de pertinencia del gasto, y poner el ojo en buscar un método para transparentar las fundaciones universitarias, que es donde reside el agujero negro real de las cajas (recordar el caso De Vido, Andrea del Boca y muchos más para analizar); 8) revisión independiente y balance del funcionamiento histórico de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria (CONEAU); 9) fijación de criterios para la apertura de nuevas universidades y para su fusión o cierre de carreras de las que no lleguen a estándares acordados.

Algunos números oficiales 2023-24, que deberían encender luces rojas y poner en marcha ese proyecto de eficiencia y calidad universitaria encabezado por el gobierno nacional: sólo 33,7% de los nuevos inscriptos son menores de 20 años (sería muy bueno tener desagregado las edades del otro 66,3%); 23,3% egresan en el tiempo teórico (sería bueno tener los números desagregados por carrera); sólo 57,6% es retenido en primer año (el 42,4% que se va representa una inversión enorme y evitable); apenas 29,9% de inscriptos es en carreras de ciencia y tecnología, donde residen muchas de las respuestas al futuro (¿cuántos se gradúan y en qué?).

La Argentina necesita una defensa de la educación pública que la defienda de los defensores de la educación pública que la han traído hasta acá. Porque el problema es mucho más complejo que una mala secundaria.

*) El autor es exdirector general de Escuelas de Mendoza, profesor y licenciado en Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Cuyo