Un juez federal de Massachusetts anuló esta semana la regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que habría limitado a cuatro años la admisión de estudiantes con visas F-1 y visitantes de intercambio J-1 en Estados Unidos. Según la orden reproducida por NAFSA, una de las organizaciones demandantes, F. Dennis Saylor IV consideró la regulación arbitraria y contraria a la ley. La decisión preserva la permanencia vinculada a los programas autorizados, siempre que sus participantes mantengan el estatus migratorio.
Qué cambia para quienes tienen visas F-1 y J-1 en Estados Unidos
El fallo deja vigente el sistema conocido como duration of status, o D/S. Según explicó la Universidad de Pensilvania, los estudiantes y visitantes de intercambio pueden permanecer durante sus actividades autorizadas, sujetos al cumplimiento de los requisitos de su categoría. El esquema también comprende a dependientes F-2 y J-2 elegibles.
La consecuencia práctica alcanza a quienes cursan carreras, doctorados o investigaciones que superan cuatro años: no deben presentar una solicitud de extensión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) únicamente por exceder ese período. Las ampliaciones de los programas continúan tramitándose mediante las oficinas universitarias correspondientes, de acuerdo con los procedimientos vigentes, precisó esa institución.
La regulación había sido publicada el 17 de julio y debía entrar en vigor el 15 de septiembre. Sin embargo, una orden judicial del día anterior bloqueó su implementación en todo el país, por lo que el límite nunca llegó a aplicarse, según la cronología publicada por la universidad.
Por qué el tribunal anuló la regla de permanencia del DHS
La medida habría sustituido la admisión por duración de estatus por períodos ligados al final del programa, generalmente con un máximo de cuatro años. También incorporaba solicitudes de prórroga y restricciones para cambiar de institución, objetivos educativos o programas.
El DHS argumentaba que los plazos fijos facilitarían la supervisión del cumplimiento migratorio y ayudarían a combatir el fraude, informó Telemundo. Al resolver, el tribunal cuestionó que la agencia no hubiera considerado adecuadamente alternativas menos tajantes, incluidos los mecanismos existentes del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS).
El juez también concluyó que las restricciones a la movilidad académica excedían las facultades legales del departamento. La sentencia del lunes resolvió el fondo del litigio y anuló íntegramente la regulación, con alcance nacional, según la documentación difundida por la organización demandante.
Qué requisitos siguen vigentes y qué puede pasar con una apelación
La decisión mantiene las obligaciones habituales: conservar actualizados los formularios I-20 o DS-2019, solicitar a tiempo las extensiones académicas y obtener autorización antes de trabajar. Tampoco modifica los requisitos independientes de las prácticas CPT, OPT, STEM OPT o la capacitación académica J-1, explicó la Universidad de Pensilvania.
Para estudiantes latinoamericanos y sus familias, otra precisión afecta la planificación de la salida: continúan los períodos generales de gracia de 60 días para F-1 y 30 días para J-1 tras completar las actividades correspondientes. Su aplicación depende de las condiciones de cada categoría y del mantenimiento del estatus.
El frente judicial permanece abierto. Según NAFSA, el Gobierno ya había apelado la suspensión de septiembre y obtuvo el 13 de noviembre una pausa de 30 días en ese trámite. Ahora, puede recurrir por separado la sentencia final. Una apelación, por sí sola, no restablecería la regla: sería necesaria otra orden judicial que modificara los efectos de la anulación.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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Source: La Nación · LA NACION
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