LA HAYA.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, dictaminó el jueves que los miles de asesinatos y los actos generalizados de violencia sexual perpetrados por las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la minoría musulmana rohingya en 2017 constituyen un genocidio apoyado por el Estado.
La decisión, siete años después de que Gambia —un país de mayoría musulmana— presentara la demanda, supone la cuarta vez desde el Holocausto nazi que un tribunal internacional dictamina que se cumplen los requisitos legales para demostrar la existencia de un genocidio, además es la primera en que el tribunal declara a responsable de genocidio a un Estado.
“La Corte considera que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohingya, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y atacaron a rohingya que huían cuando intentaban escapar”, declaró el juez presidente, Yuji Iwasawa, al dar lectura a la sentencia.
La CIJ concluyó “que la República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohingya en el norte del estado de Rakáin”.
Para los 1,2 millones de rohingya obligados al exilio en el extenso asentamiento de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh, la sentencia supuso un momento histórico de verdad y reivindicación, dijo una destacada activista del grupo.
“Durante décadas, el ejército birmano intentó borrar nuestra identidad, negar nuestra existencia y restar importancia a nuestro sufrimiento”, dijo Wai Wai Nu, directora ejecutiva de la Red de Mujeres por la Paz y antigua presa política.
“Al determinar que Myanmar cometió un genocidio, al ordenar que se garantice que no se repita y al ordenar la restitución y la indemnización, el tribunal más alto del mundo ha destrozado para siempre esa mentira patrocinada por el Estado”, agregó.
Los jueces determinaron que el ejército de Myanmar llevó a cabo ejecuciones masivas de hombres y niños, cometió violaciones y actos de violencia sexual generalizados contra mujeres rohingya y quemó o arrasó cientos de aldeas durante las denominadas “operaciones de limpieza”.
El ejército difundió activamente discursos de odio dirigidos contra la población rohingya, agregó el tribunal. La sentencia es definitiva y no cabe recurso.
Repercusiones
Rara vez se ha demostrado la existencia de un genocidio en los tribunales internacionales, en gran parte porque los fiscales deben demostrar que existía una intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Se espera que la decisión de la CIJ tenga repercusiones mucho más allá de Myanmar, incluso para el caso de Sudáfrica de 2023, en el que acusa a Israel de genocidio en Gaza.
Tanto Israel como Myanmar niegan el genocidio y dicen que sus fuerzas respondieron legítimamente a los ataques de grupos armados.
El gobierno de Myanmar calificó el viernes como “injusta” la histórica sentencia. Khine Khine Soe, vocero del presidente, Min Aung Hlaing, apuntó que la decisión de la Corte Internacional de Justicia se adoptó por una votación de 9-6 para concluir que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohingya en una brutal operación militar de 2017.
“No todos los 15 jueces estuvieron de acuerdo con la decisión. No fue un fallo unánime”, dijo a reporteros en la capital, Naipyidó. ”Yo diría que fue injusto”.
La primera decisión importante de la Corte en más de una década sobre la aplicación de la Convención contra el Genocidio de 1948 será analizada minuciosamente por los expertos jurídicos en busca de pistas sobre cómo evaluó el tribunal la responsabilidad del Estado en la presunta comisión de delitos internacionales.
La CIJ declaró al Estado responsable de genocidio como consecuencia de una ofensiva militar que expulsó al menos a 700.000 rohingya musulmanes de Myanmar, país de mayoría budista. La declaración supone una importante victoria jurídica para Gambia.
Qué pasa ahora
Myanmar ahora tendrá la obligación de indemnizar a los rohingya por las violaciones que había cometido, cuya cuantía se determinará en una fecha posterior, según dictó el tribunal. También debe permitir “el retorno seguro y digno a su lugar de residencia y la reunificación familiar de los rohinyás desplazados como consecuencia de los actos ilícitos de Myanmar”, añadió.
Si bien los fallos de la Corte Internacional de Justicia son definitivos y jurídicamente vinculantes, el tribunal no dispone de otros mecanismos más allá de informar sobre el incumplimiento al Consejo de Seguridad de la ONU.
El Consejo de Seguridad, que tiene la facultad de imponer sanciones, programó consultas a puerta cerrada sobre el fallo para el próximo miércoles, así como una reunión privada para el 7 de diciembre, a petición del Reino Unido, país que expulsó al agregado de defensa de Myanmar tras la sentencia del jueves.
Sin embargo, Daniel Forti, jefe de asuntos de la ONU en el International Crisis Group, señaló que es poco probable que el Consejo de Seguridad —compuesto por 15 miembros y con capacidad para imponer sanciones a Myanmar— tome medidas inmediatas. Según indicó, cualquier acción probablemente sería bloqueada por China y Rusia, ambos miembros permanentes con derecho a veto.
Mientras tanto, “Justice for All”, una organización estadounidense de derechos humanos que aboga por los derechos de las minorías musulmanas, instó a la administración de Donald Trump a respaldar una resolución de la Asamblea General que exija a Myanmar el cumplimiento de la sentencia, además de establecer mecanismos internacionales de supervisión y seguimiento.
Justice for All, una coalición compuesta por 38 organizaciones musulmanas de Estados Unidos y Canadá que aboga por los derechos de los rohinyas desde 2017, sostuvo que las sanciones deberían dirigirse al sector del petróleo y el gas de Myanmar, así como a las redes que suministran armas y otro tipo de apoyo a su ejército.
Mientras tanto, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, instó a los gobiernos a no recibir al presidente “en la escena internacional, especialmente mientras continúan, sin control, graves violaciones dentro de Myanmar”.
“Por el contrario, deberían detener cualquier transferencia de armas, equipos de seguridad y vigilancia, así como toda asistencia militar y de seguridad a Myanmar”, afirmó. “El Consejo de Seguridad de la ONU debería imponer un embargo mundial de armas y remitir la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional”.
Sin embargo, dicho tribunal —junto con muchos de sus jueces y personal— está sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos, por lo que cualquier medida propuesta en el Consejo de Seguridad se enfrentaría a un veto casi seguro por parte de Washington.
Mientras tanto, Human Rights Watch instó a los gobiernos a dar un paso al frente para ayudar a los rohinyas. “Los gobiernos preocupados por esta situación deberían brindar un apoyo firme a los rohinyas, promover la justicia frente a las atrocidades, presionar a la junta militar de Myanmar para que cumpla con la sentencia y garantizar el retorno seguro y voluntario de los refugiados rohinyas a Myanmar”, declaró Maria Elena Vignoli, asesora sénior en justicia internacional de la organización.
Por su parte, Justice for All abogó por un apoyo global a un fondo de reparaciones para los rohinyas, así como por la adopción de medidas que fomenten su educación, protección, obtención de la ciudadanía y un retorno seguro y voluntario desde Bangladesh, país donde cerca de 1,2 millones de rohinyas viven actualmente en campamentos superpoblados.
Myanmar, de mayoría budista, ha sostenido durante mucho tiempo que los rohinyas son migrantes “bengalíes” procedentes de Bangladesh, a pesar de que sus familias han vivido en el país durante generaciones. Desde 1982, a casi todos los rohinyás se les ha negado la ciudadanía —dejándolos, en la práctica, sin Estado—, además de restringírseles la libertad de circulación y otros derechos fundamentales.
Agencias Reuters y AP
LA NACION
Source: La Nación · LA NACION
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