“Monopolio comunal”: fuerte malestar en una provincia por el costo de una tasa

En medio del malestar de los productores agropecuarios en distintas regiones del país por el costo de las tasas afectadas a los caminos rurales, que no siempre se encuentran en un estado aceptable, la Sociedad Rural de Rosario realizó un fuerte pronunciamiento sobre la situación en Santa Fe, donde apuntó al costo “desmedido” de la tasa para caminos de municipios y comunas.

“Desde la Sociedad Rural de Rosario manifestamos nuestra profunda preocupación ante el desmedido costo de la tasa para caminos rurales impuesto por municipios y comunas, sin la debida contraprestación de servicios. Por definición legal, una tasa representa un pago formal a cuenta de servicios efectivamente prestados, comprobables, que mantengan transitables los caminos rurales”, señaló la entidad.

“Hoy, los productores agropecuarios nos encontramos en un estado de total indefensión ante un monopolio comunal que incumple con el mantenimiento básico de la red vial rural. Esta omisión del Estado local afecta gravemente la transitabilidad, un elemento indispensable para la vida cotidiana de las familias rurales y de carácter crítico durante los períodos de cosecha o inclemencias climáticas”, agregó.

En otro tramo de su comunicado, la entidad precisó que “el trabajo público-privado, bajo un esquema de control, planificación y seguimiento conjunto, es el único camino viable, sin que esto sustituya las responsabilidades indelegables del Estado”.

Luego alertó que “las comunas indexan la tarifa en función de litros de gasoil por hectárea”. Agregó: “Al ser este el insumo con mayor aumento relativo en los últimos 12 meses, este mecanismo otorga a los municipios un ingreso marginal del 23% por encima del costo real, aplicando actualizaciones automáticas”.

Según precisó, los productores tienen el derecho legítimo a conocer cuánto se recauda, cómo se calcula la tasa, cuáles son los costos reales del servicio y los trabajos. “La ley provincial 14.256 les impone a los municipios y comunas la obligación de publicar los presupuestos, las contrataciones y balances en forma mensual en su página web”, dijo. Añadió: “Sin embargo, no solo no cumplen con la ley, sino que además ante las solicitudes, la respuesta generalizada de las comunas ha sido el silencio absoluto. Sin información pública no hay control posible”.

En este marco, reclamó que los fondos recaudados ingresen “a una cuenta exclusiva, destinada al mantenimiento de la infraestructura vial rural″. También exigió el “fin de la indexación por valor de gasoil y costos justificados: Se debe eliminar el litro de gasoil como referencia de actualización”. Remarcó: “El monto de la tasa debe responder al costo real de ejecución del servicio prestado, justificando de manera técnica y financiera el cobro exigido al productor”.

Pidió una “gestión eficiente, servicio cumplido y transparencia activa”. También habló de una “alianza y control público-privado”.

“La conectividad es un derecho fundamental. Los productores proponemos un esquema de trabajo conjunto, participando en el seguimiento de las tareas. El campo argentino es el motor del desarrollo de nuestra nación. Servimos a la patria optimizando y superando los niveles de producción todos los días, por lo que exigimos que las autoridades comunales rindan cuentas con información pública y obras verificables”, indicó.

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Hace unos días, el gobierno de Santa Fe anunció que destinará el 100% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural a obras para el campo. La medida forma parte del proyecto de presupuesto 2027 presentado por la administración de Maximiliano Pullaro y contempla la creación de un fondo específico para administrar esos recursos. Según informó la provincia en un comunicado, el dinero que pagan los productores por ese impuesto se utilizará para reparar caminos y realizar otras obras que necesite el sector.

La iniciativa consiste en la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS), que fue presentado como una de las principales inversiones previstas dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Según explicaron desde el gobierno provincial, el dinero recaudado por ese impuesto, que hasta ahora podía utilizarse para distintos gastos, pasará a destinarse exclusivamente a obras para el campo.

LA NACION