El arribo del sistema acusatorio a Comodoro Py está previsto para el 15 de febrero, con el regreso de la actividad tras la feria judicial de enero, pero nadie en los tribunales de Retiro cree que eso pueda ocurrir y se aguarda −algunos lo dan casi como un hecho− el anuncio de una nueva postergación. De concretarse, sería la cuarta desde que el Gobierno
El esquema −que ya fue puesto en marcha en muchos distritos− reconfigura la dinámica judicial y redistribuye funciones: empodera a los fiscales, que pasan a dirigir las investigaciones penales, y relega a los jueces de primera instancia a un rol de garantes del proceso.
La implementación comenzó en 2019, en Salta y Jujuy, y desde entonces se extendió gradualmente a buena parte del país. Pero en Comodoro Py, donde tramitan las principales causas de corrupción y algunas de las investigaciones más complejas del país, la reforma encuentra su mayor desafío.
Camaristas, jueces y secretarios mueven la cabeza de un lado al otro ante la consulta sobre las chances de que se cumpla con lo que indica el calendario. El escepticismo alcanza también a los fiscales, los nuevos protagonistas del sistema, sobre quienes recaerá el peso de las investigaciones.
“Si arranca es enteramente una decisión política, las condiciones no están dadas”, señala una voz importante del fuero. Algunos funcionarios, de hecho, ya organizaron sus vacaciones de verano bajo la presunción de que habrá una nueva postergación.
La primera fue anunciada en agosto de 2025 por el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “por única vez y con carácter excepcional e improrrogable”. A esa le siguió una nueva reprogramación, en noviembre, y una más, en abril de este año, ya con Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia.
Las razones
Detrás de las sucesivas prórrogas estuvieron los reparos de los fiscales de todas las instancias, que reclamaban mayores recursos y personal.
Algunas demandas fueron atendidas. En octubre de este año, por caso, Mahiques entregó al procurador general interino, Eduardo Casal, un edificio en el predio de la ex-ESMA que estará destinado al funcionamiento de dependencias del Ministerio Público Fiscal. El ministro aprovechó la entrega para marcarle públicamente a Casal que debía acelerar los concursos para las fiscalías vacantes en Comodoro Py, que son cuatro. “Si no hay fiscales, no va a ser exitoso”, señaló.
Otros reclamos del Ministerio Público, como la transferencia de personal, siguen pendientes. En Comodoro Py hay juzgados con más de 50 empleados y fiscalías con poco más de 10. “Piden gente y tienen razón”, reconoce un camarista, que identifica en ese punto uno de los principales escollos para la implementación del sistema.
El código fue aprobado en 2014 por iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner y reformado cuatro años después, durante la gestión de Mauricio Macri. Entre otras cuestiones, establece audiencias orales para trámites procesales que ahora son escritos, lo que agiliza mucho el trámite de las causas.
Con el impulso del exministro Cúneo Libarona, la implementación se reactivó tras cinco años de parálisis y alcanzó a ocho distritos nuevos. Con Mahiques, se sumaron Posadas y La Plata, y se alcanzaron los 11 distritos en los que actualmente está vigente.
La reforma, en líneas generales, recoge un fuerte apoyo en el universo judicial. Es el modelo hacia el que avanzó la región en las últimas décadas, subrayan fuentes judiciales, y en Comodoro Py no se escuchan voces que se opongan abiertamente al cambio.
Sin embargo, las dudas respecto de su implementación en Comodoro Py no provienen solo de los fiscales. A mediados de octubre también alzaron su voz los jueces de los tribunales orales con una carta enviada a la Cámara Federal de Casación Penal, en la que reconocieron la “necesidad de modernizar nuestro sistema procesal”, pero también expresaron su temor a que, con la puesta en marcha del acusatorio, se les asignen tareas nuevas a sus funciones.
“La viabilidad de la reforma requiere que los jueces de juicio dispongan del tiempo y de los medios necesarios para cumplir su función. Sobre agendas ya comprometidas, la asignación adicional de tareas de otra índole, afectaría la disponibilidad necesaria para sostener esos debates, dictar las correspondientes sentencias y atender los futuros juicios”, dice el escrito.
Señalan, también, que, por la complejidad de las causas de corrupción y criminalidad organizada que tramitan en el fuero, las experiencias de implementación del sistema en otras jurisdicciones no pueden trasladarse mecánicamente a los tribunales de Retiro.
Por Federico González del SolarSource: La Nación · Federico González del Solar
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