Cuando Santiago Bausili dejó su puesto en el Deutsche Bank para incorporarse al gobierno de Mauricio Macri, en enero de 2016, la entidad alemana activó sus mecanismos internos para prevenir conflictos de interés. La Unidad de Crimen Financiero (AFC, por sus siglas en inglés) analizó el caso de su antiguo director, que había manejado negocios vinculados con la deuda pública argentina y de otros países del Cono Sur, y advirtió sobre los riesgos que podía generar su desembarco en el Ministerio de Hacienda.

Los datos surgen de la filtración que dio origen a Inside Deutsche Bank, una investigación coordinada por Barracuda Media, una ONG creada y desarrollada por periodistas de investigación de todo el mundo únicamente para este proyecto colaborativo global. Los documentos, analizados por LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), permiten reconstruir los procedimientos internos del banco antes y después del ingreso de Bausili a la función pública. También revelan que, pese a vender su filial minorista en la Argentina, la entidad conservó una estructura enfocada en grandes clientes corporativos y contratos con el Estado.

Bausili ocupó distintos cargos en el área económica del gobierno de Macri, mientras el Deutsche Bank continuó operando con el Estado argentino. Fue uno de los colocadores de una de las emisiones de deuda pública más importantes de la historia argentina, todavía bajo investigación judicial; participó en la salida de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al mercado internacional por US$500 millones y financió parte de un préstamo para que Trenes Argentinos comprara frenos ferroviarios, entre otras operaciones.

Documentos confidenciales del Deutsche Bank alertaron sobre un posible conflicto de interés en un negocio con la Argentina alexgo.photography - Shutterstock

“Estrictamente confidencial”. Esa era la etiqueta de los documentos de la unidad AFC sobre casos sensibles. Allí apareció Bausili y un “posible conflicto de interés”. El análisis examinaba las negociaciones del banco con el gobierno argentino y los pagos diferidos que el exejecutivo seguía recibiendo de su antiguo empleador mientras trabajaba para el Estado.

“Un antiguo empleado recibió una bonificación diferida de DB mientras era empleado de RoA (República Argentina), lo que presenta un posible conflicto de intereses”, señaló uno de los documentos revisados.

Los pagos se realizaron mediante acciones del banco y correspondían a compensaciones diferidas que se extendieron hasta septiembre de 2018. Según documentos judiciales, Bausili recibió 13.025 acciones, con un valor nominal de US$13,80 cada una, equivalentes a casi US$180.000.

Santiago Bausili, cuando era funcionario del gobierno de Mauricio MacriPrensa Finanzas - telam

La Justicia argentina investigó esas compensaciones, percibidas durante 2016, 2017 y 2018, mientras Bausili se desempeñaba primero como subsecretario de Financiamiento (2016-2017) y luego como secretario de Finanzas (2017-2019).

El juez federal Sebastián Casanello lo procesó dos veces por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Consideró que pudo haber influido para beneficiar a su antiguo empleador, que cobró un 0,12% por la colocación de bonos argentinos de 2017. La comisión del Deutsche Bank por esa operación sumó aproximadamente US$1,4 millones, según estimaciones judiciales. En ambas oportunidades, la Cámara Federal revocó los procesamientos. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que no había pruebas de que Bausili hubiera incidido en la selección, los alcances o las condiciones de las operaciones en las que participó el banco, elementos que juzgaron necesarios para configurar el delito. La investigación continúa abierta y, según fuentes con acceso al expediente, en las últimas semanas se adoptaron nuevas medidas de prueba.

“Las compensaciones diferidas no son a opción del empleado: el empleado siempre preferiría cobrar antes y no diferir cobros”, respondió Bausili ante la consulta para esta nota. En la causa judicial, siempre negó que haya existido un conflicto de interés.

El juez Sebastian Casanello Ricardo Pristupluk

El tema recobró relevancia el mes pasado cuando Bausili dio explicaciones, ahora como presidente del Banco Central, sobre el manejo del oro del Tesoro argentino. Dijo que el Deutsche Bank había sido contratado por el Estado para realizar el 10% de las coberturas del oro durante 2025. Argumentó que la entidad había ofrecido las mejores condiciones y sostuvo que no había intervenido en el proceso.

Operaciones con el Estado

Como ocurrió en buena parte de América Latina, el Deutsche Bank analizó en 2015 abandonar su negocio minorista en la Argentina. Documentos internos mencionaban los “problemas de capitales atrapados” durante el último período del gobierno de Cristina Kirchner y el temor a que se impusieran trabas para repatriar fondos.

La entidad anunció en 2016 que vendería su filial argentina al Banco Comafi. La operación incluyó personal, clientes institucionales y negocios de administración financiera. Pese a esa retirada, conservó una oficina de representación en el país, con una estructura reducida y enfocada en grandes clientes corporativos y contratos con el Estado.

Uno de ellos fue el financiamiento de Trenes Argentinos SA. En septiembre de 2017, el Gobierno anunció un crédito de US$53 millones para comprar frenos con el sistema ATS. El 60% del presupuesto sería aportado por el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y el 40% restante por el Deutsche Bank, según respondió el Ministerio de Economía a un pedido de acceso a la información pública.

Los documentos internos no muestran una intervención de Bausili en esa operación. Sí aparece un posteo suyo en X sobre el financiamiento, aunque sin mencionar a su antiguo empleador. “Apoyo de Japón: El 85% del costo de los frenos se financió con la agencia de financiación de exportaciones de Japón”, escribió. Y agregó: “Préstamo: USD53 millones. Se evitaba la tragedia de Once”, en alusión al choque ferroviario de 2012 que provocó 52 muertes.

Un tuit de Santiago Bausili, en mayo de 2018

El banco también buscó otros negocios con el Ministerio de Transporte. Elaboró un brochure para captar inversores israelíes interesados en el programa de Participación Público Privada (PPP) “Autopistas y Redes Seguras”. El entonces ministro Guillermo Dietrich se reunió con ejecutivos de la entidad el 4 de octubre de 2018, durante una gira por Estados Unidos. El proyecto finalmente no prosperó.

Otro contrato involucró la salida de AySA al mercado internacional por US$500 millones. El Gobierno anunció en enero de 2018 que era la primera vez que la empresa pública tomaba deuda. Los fondos se destinarían para obras previstas en su plan de inversiones y para cancelar deudas financieras y comerciales.

Una semana antes del anuncio, el 18 de enero, un correo electrónico con información distribuida afuera de Estados Unidos había llegado a los ejecutivos del Deutsche Bank. Informaba sobre reuniones en Londres, previstas para el 22 y el 23 de enero, y otra en Frankfurt, para el 24. La negociación incluyó 35 reuniones. Bausili, entonces secretario de Finanzas, estuvo presente en al menos una de ellas, según una fotografía publicada por Infobae.

Ante una consulta de LA NACION, AySA informó que el Deutsche Bank colocó U$159 millones de los US$ 500 millones emitidos. Una fuente que participó del proceso sostuvo que no observó “una sola actitud” de Bausili orientada a beneficiar al banco durante los encuentros con inversores. También recordó que, como Deutsche Bank, también se seleccionaron otras tres entidades financieras: Citi, HSBC y Crédit Agricole.

En Córdoba

El tercer episodio involucra a Córdoba. Una cadena de correos electrónicos identificados como “sólo para uso interno” muestra que, el 31 de octubre de 2018, un managing director de la filial londinense del Deutsche Bank pidió asesoramiento a sus colegas antes de autorizar un acuerdo con esa provincia. Consideraba que la operación podía representar un riesgo reputacional por la relación de Bausili con el Gobierno argentino.

“Confirmo que, desde la perspectiva empresarial, he considerado el riesgo potencial de reputación y lo considero mínimo, y que estamos efectivamente protegidos de cualquier problema potencial de riesgo de reputación”, respondió un jefe global del banco.

Finalmente, la entidad concretó dos préstamos a Córdoba por un total de US$79 millones para financiar infraestructura en Educación y Salud. La operación tenía una particularidad: para endeudarse, incluso mediante financiamiento privado, la provincia necesitaba autorización del Estado nacional, de acuerdo con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Fuentes de la por entonces gestión cordobesa indicaron que trabajaron con la Oficina Nacional de Crédito Público y la Jefatura de Gabinete, sin mencionar nada específico sobre Bausili. Los documentos disponibles tampoco muestran que él hubiera intervenido directamente en la negociación de esos préstamos.

Ante las consultas de esta alianza periodística, el Deutsche Bank respondió: “Rechazamos categóricamente la insinuación de su pregunta. Deutsche Bank cuenta con una larga trayectoria de gran prestigio en la región. Nuestros clientes nos eligen por nuestra experiencia. Como banco, contamos con políticas, controles y procesos sólidos diseñados para identificar y gestionar posibles conflictos de interés”.

Las actuaciones y los bonos

El expediente judicial reconstruyó distintas intervenciones de Bausili en el proceso de colocación de deuda pública por hasta US$7000 millones autorizado en 2017, apenas un año después de su salida del banco alemán. Entre otras actuaciones, el funcionario solicitó la opinión del Banco Central para tramitar la colocación y remitió la documentación a la Procuración del Tesoro para su revisión. Finalmente, envió el expediente a su superior, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, para disponer la “emisión de nuevos instrumentos de deuda pública”.

En febrero de 2017 también solicitó que se pagara al Deutsche Bank una factura de US$8000 por su función como “agente fiscal, de registro y pago” de bonos con vencimiento en 2018 y 2031.

Nota firmada por Santiago Bausili para autorizar un pago a Deutsche Bank

El expediente contiene, además, el memorándum de oferta de los bonos, con membrete confidencial, que establecía que la información incluida, salvo el plan de distribución, constituía una declaración pública oficial “en nombre de Santiago Bausili”. La propuesta formal de emisión fue firmada únicamente por Caputo. El plan de distribución asignó a seis entidades —Deutsche Bank, BBVA, Santander, HSBC, JP Morgan y Citi— aproximadamente US$1.166 millones a cada una, con una comisión del 0,12%.

Antes de aquella operación, Bausili había mantenido dos reuniones con representantes del Deutsche Bank: el 14 y el 22 de noviembre de 2016. El Registro de Audiencias Públicas identificó la primera como una “visita de cortesía” y la segunda como un encuentro por el “Programa de Financiamiento Económico de Argentina”. En enero de 2017, las propuestas de los bancos circularon por el sistema interno del Gobierno. La del Deutsche Bank estaba fechada el mismo día de la segunda audiencia y llevaba la referencia “DB 22NOV2016”.

Documento incluido en el expediente judicial
Documento incluido en el expediente judicial

La Ley de Ética Pública, en su artículo 15, establece que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en procesos relacionados con anteriores empleadores con los que hayan mantenido un vínculo durante los últimos tres años. Bausili había renunciado al Deutsche Bank en enero de 2016.

Cuando el caso se hizo público, la Oficina Anticorrupción (OA) le envió, en junio de 2018, una recomendación sobre las conductas que debía adoptar para evitar funciones incompatibles. Entre ellas figuraba abstenerse de participar en reuniones con representantes de empresas respecto de las cuales debía excusarse.

El 31 de enero de 2019, la OA sostuvo que Bausili había “incumplido” las conductas previstas por la Ley de Ética Pública, según reconstruyó Casanello. La Justicia destacó que el organismo había considerado que sus intervenciones en los expedientes no estaban legalmente permitidas, incluso si no habían sido decisivas para la designación del Deutsche Bank.

Sin embargo, en febrero de 2019, después de que Bausili amplió su descargo, la OA modificó su criterio: reemplazó la afirmación de que había “incumplido” las normas por otra conclusión: “No se advierte una infracción”.

Ante la consulta para esta nota, Bausili respondió: “Nunca incumplí la ley de ética pública durante los años que me alcanzaba como secretario de Finanzas. Durante mi mandato como presidente del BCRA ya los plazos estaban largamente vencidos”. Y explicó el cambio de postura de la OA durante el gobierno de Macri: “Interpretaron que habría sido mejor no mantener reuniones con el banco durante los tres años de referencia de la ley, pero entendieron que no había incumplido ninguna norma”.

Una sanción interna

La relación de Bausili con la deuda argentina había generado observaciones internas incluso antes de su ingreso al Gobierno. Cuando todavía trabajaba para el Deutsche Bank, en 2015, hubo otra decisión que llamó la atención de sus empleadores y que le costó una sanción interna.

Bausili compró 150 bonos de la deuda argentina el 23 de junio de 2015, cuando se desempeñaba como director del Deutsche Bank, que operaba sobre las deudas públicas de Argentina y otros países del Cono Sur. “El Sr. Bausili no solicitó la autorización previa para comprar 150 bonos de Argnt Bonar. Se le envió una amonestación por correo electrónico, pero no fue necesario tomar ninguna otra medida”, indica el texto de un archivo elaborado por las unidades internas de compliance del banco y que figura en la filtración coordinada por Barracuda Media.

El banco decidió amonestar a Bausili al considerar que había eludido sus controles internos, que necesitan una autorización previa antes de realizar este tipo de operaciones financieras.

El archivo es una tabla de seguimiento interno con detalles precisos sobre casos conflictivos. Allí aparece el nombre de Bausili, que en ese entonces atravesaba sus últimos meses en el banco, debajo de una columna llamada “CC Violations Data”. ¿El motivo? “Trading sin autorización previa” con bonos argentinos, indica el documento.

A finales de junio de 2015, cuando Bausili compró estos bonos, Macri y su equipo ya estaban lanzados en la campaña presidencial. De hecho, las elecciones primarias, que en Argentina se conocen como PASO, se celebraron a mediados de agosto, seis semanas después de la operación financiera. En enero de 2016, Bausili asumió como subsecretario de Financiamiento del nuevo gobierno e informó ante la OA que poseía tres tipos de bonos de la deuda argentina.

La declaración jurada no permite establecer si los bonos comprados en junio de 2015 y objetados por el Deutsche Bank seguían en su poder al cierre del año. Según su presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción (OA), primero compró el Bonar 17 en enero de 2015 y, luego, en diciembre de ese mismo año se hizo con el Bonar 24 y el Bonar 8,750%. Cotizó los bonos en más de $5 millones, equivalente a unos 350.000 dólares según el tipo de cambio al cierre de ese ejercicio.

Source: La Nación · Hugo Alconada Mon, Ignacio Grimaldi, Iván Ruiz

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