Los cultivos transgénicos generaron en el país beneficios brutos por unos US$197.500 millones en 30 años

En 30 años desde su creación, los cultivos genéticamente modificados generaron en la Argentina beneficios brutos acumulados por unos US$197.500 millones corrientes entre 1996 y 2025, según un informe del Grupo CEO. Los autores precisaron que se trata de una estimación de máxima, que debe leerse como un orden de magnitud. El estudio también calculó que las exportaciones adicionales sumaron US$187.400 millones hasta 2024, con un 91% correspondiente a harina y aceite de soja.

El trabajo, elaborado por Eduardo Trigo, Jimena Vicentin Masaro, Nelson Illescas y Pablo Elverdin, se presentó durante el acto en el que la Secretaría de Agricultura de la Nación conmemoró los 35 años de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y los 30 años de los cultivos genéticamente modificados en el país. En 1996, la Resolución 167 autorizó la siembra de la primera soja genéticamente modificada de la Argentina.

En el acto se distinguió a quienes contribuyeron al reconocimiento internacional de la comisión. Entre ellos estuvo el ingeniero Marcelo Regúnaga, responsable en 1991 de la creación de la Conabia y de la política de biotecnología y bioseguridad. Al recibir la distinción, destacó el nivel científico y técnico de los profesionales que condujeron la entidad, reconocida por la FAO como centro de referencia en bioseguridad para países en desarrollo.

Según los autores, el país ya contaba con un marco para evaluar la bioseguridad, la inocuidad y las semillas cuando llegó la soja RR en 1996. El informe atribuye parte de la velocidad de adopción a esa previsibilidad, con la Conabia, el Senasa y el Inase ya a cargo de esas evaluaciones. La soja genéticamente modificada pasó del 5,5% al 84,4% del área sembrada con el cultivo en cinco años y llegó a casi el 100% en diez. Como referencia, el trabajo señala que el maíz híbrido en Estados Unidos tardó unos 25 años en alcanzar el 96%.

“El marco institucional acompañó luego cada salto tecnológico”, sostiene el trabajo. En 2015, la Argentina fue el primer país en establecer un procedimiento para determinar, caso por caso, si un producto de edición génica es un organismo genéticamente modificado (OGM). Varios países de América Latina siguieron ese criterio.

Además, de acuerdo con el informe, en los últimos dos años la modernización de los procedimientos redujo los plazos de evaluación y mantuvo el rigor científico. A fines de 2025, el país sumaba 112 aprobaciones comerciales de OGM.

El informe estimó que la adopción de estos cultivos agregó, en promedio, 6,1 millones de hectáreas por año de soja, maíz y algodón. En 2024, la superficie adicional alcanzó los 7,9 millones de hectáreas.

El beneficio por hectárea tuvo una evolución distinta según el cultivo. En soja bajó de unos US$30 a US$11 desde 2018, por el encarecimiento del glifosato y la aparición de malezas resistentes. En maíz, en cambio, subió de US$31 a casi US$50 desde 2016, con la consolidación de los eventos apilados.

Así, entre 2021 y 2024, los cultivos genéticamente modificados generaron un beneficio bruto promedio cercano a US$9900 millones por año. En ese período, los productores recibieron el 52,4% antes de descontar los costos directos, el Estado captó el 20,2%, principalmente por impuestos, y los contratistas de servicios obtuvieron el 9,6%. Las empresas semilleras, que generan la innovación, captaron el 2,6%. Los autores vincularon ese reparto con factores como los derechos de exportación, la propiedad intelectual y la logística.

El informe plantea que la transgénesis, que en 1996 fue la innovación, hoy forma parte de una plataforma que combina edición génica, biología sintética, datos e inteligencia artificial. Para sostener el liderazgo argentino, los autores propusieron modernizar el régimen de propiedad intelectual sobre semillas para mantener los incentivos a innovar y asegurar una reposición adecuada de nutrientes mediante prácticas, incentivos y mediciones.

También plantearon fortalecer la innovación en inteligencia artificial, bioinformática y biología sintética, con una regulación moderna para los OGM, la edición génica, los bioinsumos y el manejo de datos. A eso sumaron la armonización regulatoria con los mercados de destino y la estabilidad institucional.

Para los autores, la agenda puede llevarse adelante con las instituciones existentes si se establece una coordinación estable entre la ciencia, las empresas, los reguladores, los productores y los inversores. “El desafío ya no consiste solamente en producir más. Consiste en organizar el conocimiento, convertirlo en innovación, integrar sostenibilidad y competitividad, y capturar más valor de la biomasa”, señaló Illescas, socio de Grupo CEO y coautor del informe.

LA NACION