Lecciones de los comicios en Estados Unidos: la democracia se arregla con más y mejor democracia

La dimensión y las múltiples consecuencias de la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en Estados Unidos fueron objeto de toda clase de reflexiones y análisis en las últimas 72 horas. Hay un aspecto, sin embargo, que merece ser destacado por su trascendencia dentro y fuera de ese país porque se fue agravando en el último cuarto de siglo e involucra a ambos partidos: la transformación de la presidencia en una institución que desgastó y en muchos aspectos violó el sistema de división de poderes y frenos y contrapesos diseñado para evitar el despotismo, la discrecionalidad en la toma de decisiones, los caprichos como políticas de Estado y las prácticas neopatrimonialistas que, de acuerdo con las advertencias de muchos especialistas, se trata de flagrantes maniobras de corrupción que deberán ser investigadas por la Justicia y el propio Congreso.

Es un tema particularmente relevante en América Latina, dada la tradición hiperpresidencialista que caracteriza a buena parte de los sistemas políticos de la región, incluido el argentino. Recuérdese la notable influencia que tuvo la Constitución de 1787 elaborada por la Convención de Filadelfia en el pensamiento y la acción de los protagonistas de la gesta independentista en toda Hispanoamérica, así como en la confección de las primeras cartas magnas en los procesos de formación de nuestras naciones. Ese legado en términos de acervo institucional, combinado con la sempiterna tradición caudillista, consagró un estilo de liderazgo muy singular que tiende, con excepciones como Chile, Costa Rica y Uruguay, a extralimitar a los poderes ejecutivos que a menudo amenazan el orden republicano y democrático, como ocurrió con Alberto Fujimori a comienzos de los años 90 o con el intento de Jair Bolsonaro tres décadas más tarde. Así, el debate sobre cómo garantizar la plena vigencia de la división de poderes y de los sistemas de frenos y contrapesos a pesar de la concentración de poder que tienen nuestras presidencias es tal vez hoy más importante que nunca, en el contexto de la denominada “recesión democrática” que padecemos en la actualidad.

El gran desafío pendiente consiste en aprovechar el nuevo equilibrio de poder resultante de estos comicios para diseñar e implementar nuevos mecanismos institucionales que reviertan el deterioro experimentado durante las últimas presidencias mediante esfuerzos sostenidos, consistentes y consensuados por controlar, reequilibrar, transparentar y redefinir a la institución presidencial. Es fundamental que se trate de un esfuerzo compartido por los dos partidos, pues los problemas actuales no son responsabilidad de líderes de una sola fuerza. Varios candidatos demócratas denunciaron durante la campaña los abusos y extralimitaciones del Poder Ejecutivo (por ejemplo, en las persecuciones a los inmigrantes mediante el controvertido cuerpo de agentes del ICE o en los oscuros vínculos comerciales del yerno presidencial Jared Kushner con distintos mandatarios y grupos empresariales extranjeros, fundamentalmente en Medio Oriente y Europa oriental). Incluso líderes republicanos han expresado diferencias de criterio y críticas a veces muy agudas respecto de la administración Trump y del propio presidente.

Entre ellos, se destacan Chris Christie (exgobernador de Nueva Jersey), Tomas Massie (representante de Kentucky), Thom Tillis (senador saliente por Carolina del Norte) y el exvicepresidente Mike Pence (Indiana). También, el aún gobernador de Florida (y aspirante a la sucesión presidencial), Ron DeSantis, que tuvo rápidos reflejos para expresarse de manera cáustica respecto de la derrota de su partido y la responsabilidad de Trump (a quien había enfrentado en las últimas primarias). Ellos, junto a otros políticos del GOP con aspiraciones, como Ted Cruz (senador por Texas, ahora en manos demócratas) o el aún influyente clan Bush (algunos mencionan a la respetada Condoleezza Rice como eventual precandidata), necesitarán dar vuelta a la página y tomar distancia de esta corrosiva experiencia en torno al controversial liderazgo de Donald J. Trump para reconstruir su base electoral en función de los valores más tradicionales de esa fuerza (gobierno limitado, política fiscal austera, descentralización y subsidiariedad para asegurar la vigencia del federalismo, y apoyo a las fuerzas armadas y de seguridad).

Una cuestión particularmente grave es la de los indultos o perdones, que materializa los excesos de hiperpresidencialismo y en la que se verifica una continuidad entre presidentes de ambos partidos. Si bien se trata de un atributo garantizado por la Constitución, se ha tergiversado su uso con la figura de los “indultos preventivos” (sin que haya una causa judicial en curso, no solo ausencia de condena) y se han vuelto muy frecuentes, incluyendo importantes figuras de los entornos y hasta de las familias presidenciales. Bill Clinton recurrió a ese recurso en 396 oportunidades; George W. Bush, en 189; Barack Obama, en 212, y Joe Biden, en 80 (tuvo un solo mandato). Donald Trump lleva más de 1700 entre sus dos administraciones. ¿No es hora de que el Congreso regule esta facultad presidencial disponiendo, por ejemplo, de procesos de control exhaustivos que aseguren que no existen favores personales ni cuestiones transaccionales canalizadas vía lobistas?

Una experiencia histórica que puede alimentar el debate actual en la materia y que involucró un esfuerzo que superó las barreras partidarias consiste en el período posterior al escándalo de Watergate, incluyendo la renuncia de Richard Nixon y el más que debatido perdón otorgado por su sucesor, Gerald Ford. Por un lado, se trató de un giro pragmático del propio GOP para distanciarse de semejante escándalo y comenzar un proceso de reconstrucción (una virtual reinvención) que llevó con el tiempo a Ronald Reagan al poder, luego de la no menos polémica gestión del respetado James Carter. Por otro lado, y tal vez más importante aún, debe recordarse el enorme empeño que distintos actores del sistema político pusieron para legislar tanto a nivel federal como subnacional para asegurar umbrales de transparencia y control político y administrativo tanto del presidente como del resto de los aparatos burocráticos del Estado.

Destaca la figura del inspector general, instituida en 1976, con extraordinarias facultades para vigilar, controlar e indagar en los asuntos de las principales agencias del Poder Ejecutivo. Junto con otras estrictas regulaciones destinadas a combatir el nepotismo, asegurar una competencia efectiva en la contratación de bienes y servicios por parte del sector público y evitar la designación con fines o criterios político-partidarios de personal (que de todas formas demostraron ser imperfectas al sufrir desgastes a lo largo del tiempo o arrastrar debilidades desde su propia concepción), la política norteamericana mejoró muy significativamente en esta materia, al menos por un par de décadas. Asimismo, la regulación del lobby durante la presidencia de Bill Clinton, con una Cámara de Representantes en manos republicanas luego de una resonante derrota en la primera elección de mitad de mandato, es un buen ejemplo de un esfuerzo bipartidario para mejorar los dispositivos de control en la gestión de intereses. Finalmente, algo parecido ocurrió con las Sunshine Acts (leyes del “gobierno a la luz del sol” que rigen en muchos estados), que obligan a informar el contenido de los encuentros entre funcionarios y representantes de intereses privados para darle “trazabilidad” a la lógica de decisiones públicas y evitar conflictos de intereses.