La retirada de la política federal que consideraba a las escuelas como lugares sensibles impulsó una ola legislativa en Estados Unidos: al menos 23 estados analizaron 40 propuestas durante 2026 para regular la presencia de agentes migratorios del ICE en establecimientos públicos K-12. Doce de esas iniciativas se convirtieron en ley antes del comienzo del ciclo escolar.

Qué cambiaron los estados tras el giro federal y las nuevas leyes contra el ICE

La mayoría de los proyectos tuvo una orientación restrictiva. Treinta y cinco de las 40 iniciativas buscaban limitar el acceso de agentes de inmigración a las escuelas, proteger datos de estudiantes o fijar procedimientos para responder a pedidos federales.

Las autoridades advirtieron que las recientes operaciones del ICE en California provocaron una reducción generalizada de la asistencia a las escuelas, junto con la detención de las obras de construcciónICE

Una propuesta de Mississippi promovía la cooperación, mientras que las restantes se concentraban en capacitación, avisos o reglas de administración sin tomar una posición equivalente.

El cambio se produjo después de que el Departamento de Seguridad Nacional dejara sin efecto, en enero de 2025, la guía que restringía operativos en lugares considerados sensibles, entre ellos escuelas, hospitales e iglesias. El DHS sostiene que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no realiza redadas ni apunta a escuelas.

Aun así, los distritos y las legislaturas comenzaron a definir protocolos ante la posibilidad de que agentes se presenten en un campus o soliciten información.

Massachusetts, Oregon y Vermont fijaron reglas concretas

Massachusetts promulgó el 5 de agosto la ley PROTECT. La norma impide arrestos civiles de inmigración dentro de escuelas públicas, charter y vocacionales sin una orden judicial, y exige a los establecimientos adoptar políticas para revisar documentos y notificar a las autoridades correspondientes.

En Florida, durante la semana del regreso a clases, muchas familias prefieren evitar enviar a sus hijos a la escuela por temor a controles del ICEImagen ilustrativa generada con IA

La guía oficial para escuelas K-12 también diferencia una orden judicial de una orden administrativa de inmigración y obliga a designar responsables para responder ante una visita federal.

El mapa de acciones contra el ICE sigue siendo desigual

La actividad legislativa no produjo un estándar nacional. Proyectos sobre sitios sensibles fracasaron en West Virginia, Hawaii y Kansas. Tennessee tampoco aprobó sus iniciativas.

En Minnesota se presentaron cinco proyectos y ninguno llegó a la etapa final durante el período analizado. El resultado es un mosaico de reglas que cambia según el estado y, en algunos casos, según el distrito escolar.

El relevamiento indicó que al menos ocho estados ya tenían alguna protección vigente al comenzar 2026. Las nuevas leyes se sumaron a esas normas preexistentes, pero no todas cubren los mismos aspectos: algunas se concentran en el ingreso físico de agentes, otras en la confidencialidad de expedientes y otras en la comunicación con las familias.

Qué deben saber las familias inmigrantes

El fallo Plyler v. Doe de la Corte Suprema garantiza el acceso a la educación pública primaria y secundaria sin importar el estatus migratorio del estudiante.

Las escuelas no pueden negar la matrícula por esa razón. Sin embargo, las familias necesitan consultar las reglas de su estado y de su distrito para conocer quién recibe a un agente, qué documentos revisa la escuela y cómo se informa a padres o tutores.

Agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a una persona cerca de la escuela Roosevelt en Minneapolis, Minnesota, el 7 de enero de 2026KEREM YUCEL - AFP

Las normas estatales tampoco sustituyen asesoramiento legal. Organizaciones de derechos civiles recomiendan conservar la información de contacto de la escuela, conocer su protocolo escrito y evitar entregar datos migratorios que no sean necesarios para la inscripción.

Si existe una consulta sobre una orden o un caso individual, corresponde recurrir a un abogado habilitado o a una entidad acreditada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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Source: La Nación · LA NACION

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