Hay quienes, cuando no consiguen modificar algo que les molesta en su propio país, parecen convencidos de que basta con cambiar de escenario para cambiar la realidad.
La condena a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado parece haber inaugurado una curiosa actividad diplomática por parte de sus partidarios: la búsqueda de auditorios extranjeros dispuestos a escuchar lo que los tribunales nacionales, después de años de actuaciones judiciales, no encontraron motivos para aceptar.
Legisladoras nacionales de Unión por la Patria llevaron la situación de la expresidenta a encuentros internacionales vinculados con la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y la Unión Interparlamentaria, donde denunciaron una supuesta persecución política y reclamaron por los derechos de quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Nada hay de objetable, en principio, en que representantes del Congreso participen en reuniones internacionales, cuestionen decisiones judiciales o expresen su solidaridad con una dirigente política. La libertad de expresión no desaparece cuando se cruza una frontera. Tampoco existe obligación alguna de coincidir con las sentencias de los tribunales. Pero el ejercicio de esos derechos no dispensa de una responsabilidad elemental: distinguir entre una opinión política y una acusación fundada.
Afirmar ante un auditorio internacional que una persona ha sido víctima de persecución judicial supone algo más que manifestar desacuerdo con su condena. Implica atribuir a magistrados y tribunales la utilización deliberada de sus facultades constitucionales para alcanzar objetivos políticos. Es una acusación grave, que requiere pruebas igualmente graves.
La condena a Cristina Kirchner no fue el resultado de una decisión aislada. Fue dictada después de un extenso proceso judicial, revisada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema. Nada de ello convierte a los jueces en infalibles ni excluye la posibilidad de cuestionar sus decisiones, pero no autoriza a transformar automáticamente una sentencia adversa en prueba de una conspiración.
Quienes invocan su condición de representantes de la voluntad popular para denunciar el funcionamiento de la Justicia olvidan que la independencia judicial también integra el sistema democrático que dicen defender.
La democracia no se agota en las urnas. También comprende el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley, la división de poderes y el respeto por las decisiones de los órganos constitucionalmente competentes.
Por supuesto, los foros internacionales pueden ser ámbitos legítimos para denunciar violaciones de derechos fundamentales, pero su existencia no convierte en verdadera cualquier denuncia que allí se formule. El traslado de una controversia a un escenario internacional puede multiplicar su difusión. No modifica, por ese solo hecho, su naturaleza.
Resulta especialmente llamativo que esta actividad se despliegue mientras la defensa de la expresidenta procura obtener también un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Son procedimientos y ámbitos diferentes, desde luego, pero parecen responder a una misma aspiración política: mantener abierta, ante nuevos auditorios, una controversia que ha concluido en los tribunales argentinos.
No sería justo exigir a los legisladores que defiendan en el exterior todas las decisiones de la justicia nacional. Sería incompatible con la libertad política y con el derecho a disentir. Pero sí cabe esperar que, cuando atribuyen a las instituciones de su país conductas tan graves como la persecución política, puedan ofrecer algo más que consignas partidarias.
Porque una sentencia puede ser criticada, discutida e incluso sometida a revisión por los mecanismos jurídicos pertinentes. Lo que no puede hacerse es suponer que pierde legitimidad simplemente porque sus consecuencias resultan incómodas para quienes admiran a la persona condenada.
Se pueden exportar discursos, denuncias y consignas. Lo que no se puede exportar es una condena con la esperanza de que, al cruzar la frontera, se convierta por arte de magia en una absolución.
Sólo cabe esperar que los gastos de esta curiosa actividad exportadora no hayan corrido por cuenta de los contribuyentes argentinos.
LA NACION
Source: La Nación · LA NACION
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