La crisis bancaria que precipitó la renuncia de Santiago Peña pone a prueba la credibilidad de Paraguay

El presidente paraguayo, Santiago Peña, presentó su renuncia el 5 de noviembre y, minutos después, la Cámara de Diputados votó por unanimidad a favor de someterlo a juicio político en medio de la crisis desatada por el colapso de Ueno Bank.

El país lleva varios días de protestas desde que el Banco Central intervino la entidad digital el 3 de noviembre y quedaron congelados los ahorros de unos tres millones de clientes, más de la mitad de la población adulta de Paraguay.

Según informes de prensa, hasta el año pasado Peña tenía acciones en Ueno Holding. Durante su gobierno, el banco recibió cuantiosos depósitos de organismos públicos, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra fondos de jubilaciones y de salud de millones de paraguayos.

Peña también recibió críticas por haber designado al frente del Banco Central del Paraguay a Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno, la entidad que precedió a Ueno Bank. Carvallo renunció a su cargo a principios de esta semana.

Peña, de orientación conservadora y execonomista del FMI, había asumido la presidencia en agosto de 2023 y era considerado un firme aliado del gobierno de Trump.

En un mensaje en video, Peña anunció que había decidido renunciar “teniendo en cuenta la estabilidad de nuestro país, la paz social y la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”. El expresidente Horacio Cartes, titular del oficialista Partido Colorado, respaldó la iniciativa para someter a Peña a juicio político.

La salida de Santiago Peña del gobierno marca un punto de inflexión en la crisis política de Paraguay, pero el colapso de Ueno Bank tendrá consecuencias que irán mucho más allá del desenlace político inmediato. No solo está en juego el futuro de una entidad financiera, sino también la credibilidad de un país que lleva años tratando de consolidarse como un destino estable y confiable para la inversión internacional.

Ueno no era un banco más. Su billetera digital, fácil de usar y con importantes beneficios, se convirtió en una de las plataformas financieras más utilizadas de Paraguay.

Para buena parte de la economía informal, era la principal vía de acceso a los servicios bancarios y, a veces, la única. Millones de personas la usaban para cobrar sueldos y jubilaciones, hacer pagos y administrar sus finanzas cotidianas. La interrupción de esos servicios tiene una dimensión social que no debe subestimarse, aun cuando se pongan en marcha mecanismos para devolver una parte importante de los depósitos.

Sin embargo, el alcance de la crisis va más allá de la economía nacional. Ueno también había atraído a grandes inversores internacionales y, para septiembre de este año, el banco informaba que había obtenido 510 millones de dólares en financiamiento internacional. Por su exposición a los mercados de capitales extranjeros, lo ocurrido no es solo un problema bancario interno, sino que también compromete la reputación de Paraguay.

Quizás lo más preocupante sea el contexto institucional que permitió esa expansión. La concentración de intereses políticos y empresariales, las dudas sobre la independencia de los organismos de supervisión financiera y la colocación en el banco de cuantiosos recursos públicos, incluidos fondos jubilatorios, suscitan serios interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y sobre el uso de dinero público para sostener el crecimiento de la entidad.

Estas cuestiones exigen una investigación independiente y una rendición de cuentas. La posibilidad de que los depositantes recuperen parte de su dinero, o incluso la mayor parte, no despeja esos interrogantes.

Durante años, el gobierno de Peña trabajó para proyectar una imagen de estabilidad económica. Ese esfuerzo culminó cuando Paraguay obtuvo el codiciado grado de inversión. Al mismo tiempo, sin embargo, se tejían redes políticas y empresariales que hoy amenazan con socavar esos esfuerzos.

La credibilidad internacional de Paraguay sufrirá un duro golpe. Los inversores evaluarán tanto el desenlace financiero del caso Ueno como lo que este episodio revela sobre las garantías institucionales, la independencia de los organismos reguladores y la relación entre el poder político y el capital privado. Un cambio de gobierno puede abrir el camino para recuperar la confianza, pero no borrará el daño ya causado.

Para un presidente que, desde que asumió en 2023, cultivó una imagen de tecnócrata favorable a los inversores, la renuncia de Santiago Peña y la posterior decisión de someterlo a juicio político, el 5 de noviembre, marcan un giro abrupto.

La crisis que desató el colapso de Ueno Bank entrelaza las finanzas y la política y pone en riesgo la reputación de Paraguay justo cuando el país empezaba a hacerse un lugar en el mapa internacional.

Dar a la crisis la respuesta jurídica y política que exige será fundamental para que los paraguayos y los inversores extranjeros confíen en que las instituciones del país responden y en que Paraguay mantiene su rumbo de crecimiento. En el mejor de los casos, se logrará contener la crisis y quedará como un episodio grave pero aislado. Cualquiera sea su alcance final, debería volver a poner el foco en el Estado de derecho e impulsar reformas institucionales en la Justicia y en el sector financiero.

Las principales instituciones han dado pasos iniciales adecuados, entre ellos la intervención del Banco Central el 3 de noviembre, la prisión preventiva de directivos de Ueno Bank y la aprobación de medidas legislativas para facilitar que los depositantes accedan a sus fondos. Con el vicepresidente Pedro Alliana próximo a asumir la presidencia, las decisiones del gobierno en los próximos días y semanas, incluidas las posibles investigaciones penales, también estarán condicionadas por la interna del Partido Colorado de cara al ciclo electoral de 2028, que cobró mayor relevancia a raíz de los acontecimientos de esta semana.

Aunque el colapso de Ueno Bank supone un revés para las crecientes ambiciones regionales de Paraguay, deberían mantenerse intactas las bases de la estabilidad macroeconómica que construyeron sucesivos gobiernos en las últimas dos décadas.

En particular para los inversores brasileños y argentinos, Paraguay seguirá siendo atractivo por su carga regulatoria relativamente baja y por ventajas como el excedente de energía hidroeléctrica, un sector agroindustrial competitivo y una capacidad logística en expansión. La alianza de larga data entre Paraguay y Estados Unidos también seguirá siendo sólida, pero concretar las reformas institucionales y judiciales pendientes desde hace tiempo será fundamental para que la relación bilateral vaya más allá de la seguridad y el alineamiento geopolítico y permita estrechar los vínculos comerciales y de inversión.

Por Americas Quarterly