Javier Álvarez Bento denuncia la pérdida de más de 5000 hectáreas por un basural a cielo abierto: “Tiran a camionadas”

EL CALAFATE.- Javier Álvarez Bento administra Punta Loyola, una de las estancias pioneras en Santa Cruz y denuncia que el basural municipal de Río Gallegos, lindante a la estancia, no cumplió con el enterramiento comprometido y ya lleva afectadas más de 5400 hectáreas por la diseminación de residuos desparramados por el viento. El cuadro quedó imposibilitado de ser usado como campo de invernada: retiró las ovejas y las vacas del sector por el peligro que los animales ingieran los microplásticos.

“Es un absurdo lo que están haciendo, que en la ciudad más ventosas te tiren basuras a camionadas”, detalla Álvarez Bento a LA NACION.

Agrega: “A medida que se muele más el plástico es difícil que las ovejas no lo coman. Cada vez que llueve este plástico molido entra a la tierra. El primer año teníamos bolsas arriba de las matas, el segundo teníamos pedacitos tirados arriba del piso y ahora ya tenemos plástico muy molido que se está metiendo al suelo”.

En junio del año pasado, cuando la situación ya era insostenible, la Estancia Punta Loyola presentó un amparo ambiental contra la Municipalidad de Río Gallegos para que cese con la actividad; el caso ya tiene más de un año de demora y en las últimas horas Álvarez Bento decidió mostrar lo alarmante de la situación a través de un video que fue difundido desde la Sociedad Rural de Río Gallegos.

“La desesperación nuestra es para que paren de tirar basura, porque cada día que hay viento, son más kilos de plástico acá”, asegura el productor. “Como estancia pegada a la ciudad convivimos con un montón de actores, de toda la vida, los pescadores, los perros, los cazadores; esa era la convivencia, pero ahora el problema es la mugre, pasamos a ser el basural de la ciudad, es una situación que ya atenta contra nuestra economía”, sostiene el administrador, quien sucedió a su padre en la administración de la estancia que tiene 65.000 hectáreas, 12.000 ovinos y 50 vacas.

El basural fue instalado por el municipio de Río Gallegos en 2023, después de años de estudios, evaluaciones ambientales y audiencias públicas, donde el relleno sanitario ubicado en tierras del Ejército linderas a la estancia iba a ser compactado y enterrado para evitar que sea distribuido por el viento, que, según registros oficiales, en la temporada de viento ha llegado a tener registros que superan los 100 km/h.

El amparo

Un calafate de gran porte, cubierto en un 80% por papeles, cartones, nylon y plásticos. Un alambrado limítrofe que, visto desde el aire, se reconoce por los residuos que se acumulan sobre su traza. Son dos de las imágenes que sostienen el amparo ambiental que la Estancia Punta Loyola SA presentó contra la Municipalidad de Río Gallegos por el funcionamiento del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, vecino a su campo. Desde la estancia plantean que el daño en por lo menos esas 5400 hectáreas es irreversible para la actividad ganadera.

“El daño más directo es que tuve que sacar las vacas de ese cuadro; teníamos 250 vacas que ahí pasaban el invierno y es la que más riesgo corre. Esto, combinado a la sequía, nos quedamos sin campo de invierno. No se murieron animales, pero justamente mi trabajo es prevenir, por lo cual tuve que reducir a 50 vacas, porque perdí el campo que estaba destinado para ellas”, precisa Álvarez Bento a LA NACION.

La estancia, dedicada a la producción ovina y bovina sobre pastizales naturales, está al sudeste del departamento Güer Aike, a unos diez kilómetros en línea recta de Río Gallegos. En su sector noroeste, a unos 1,2 kilómetros del alambrado limítrofe, se encuentra el relleno sanitario municipal.

Según el amparo, a partir de 2024 la empresa empezó a ver una gran cantidad de residuos dispersos en esa zona, “situación que no se había presentado en el pasado”.

La finalidad del nuevo basural era concentrar la disposición final de los residuos que hasta entonces se hacía en el basural a cielo abierto cercano al casco urbano. El objetivo era descomprimir el ya detonado basural que quedó pegado a la ciudad. Según imágenes de Google Earth, en diciembre de 2022 el predio estaba en construcción y en septiembre de 2024 ya funcionaba.

Punta Loyola SA contrató profesionales para realizar un estudio ambiental del área para poder generar prueba que les permita presentar el Amparo Ambiental: mientras en las imágenes del 2022 no se observa nada particular, en las de 2024 aparecen residuos, en forma de objetos blancos, en toda el área, y el alambrado límite figura “íntegramente cubierto”.

El 26 de diciembre de 2024 hicieron un relevamiento a campo: 37 estaciones separadas por 1000 metros, con transectas de 10 por 250 metros recorridas a pie. Con esos datos estimaron una pluma de dispersión de forma cónica, de unos 8800 metros de largo y 7900 de ancho máximo, que abarca unas 5400 hectáreas, con orientación oeste-este. La mayor densidad, de más de 0,75 residuos por metro cuadrado, se da en un radio de 2500 metros desde el margen noroeste y baja hasta menos de 0,003 en las zonas más alejadas.

El informe vincula esa forma con el viento: en la zona predominan los del oeste, con una velocidad media de 37 km/h y ráfagas que superan los 100. km/h. Los residuos son sobre todo inorgánicos: papeles, cartón, telgopor, plásticos, nylon, bolsones sintéticos, bolsas de aluminio, tetrabriks y sachets. Al ser livianos, el viento los mueve con facilidad. Se acumulan en el alambrado y en arbustos como el calafate y la mata verde, que los retienen con sus espinas y ramas leñosas.

En abril de 2025, el médico veterinario Francisco Milicevic, de la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos del INTA, firmó otro informe técnico que, según consta en el amparo al que accedió este medio, fue encargado por la estancia. Describe macroplásticos mezclados con el forraje y advierte que, si un ovino o un bovino los ingiere, hay que actuar rápido para evitar bloqueo del sistema digestivo, obstrucción intestinal, timpanismo recurrente, perforaciones, dolor severo, infecciones y hasta la muerte lenta por inanición.

También señala que, con el sol, el agua y el viento, los plásticos se fragmentan en microplásticos que se filtran en el suelo, cambian su estructura y reducen su capacidad de retener agua. En la carta documento que envió al Municipio el 14 de marzo de 2025, la empresa afirmó que los residuos alteran el comportamiento del ganado y que se observó que algunos animales ingirieron desechos, “afectando seriamente su metabolismo”.

Pide el cese urgente e inmediato de las actividades en el sitio en tanto que intima al municipio a hacer las obras y aportar máquinas, tecnología y personal para cumplir con el proyecto, el estudio ambiental y la normativa. Reclama además que se cite a la Secretaría de Estado de Ambiente como tercero interesado, por haber aprobado el estudio, y que supervise el predio cada 15 días y también pide que se condene al municipio a recomponer y sanear el inmueble.

“La fosa tenía que durar diez años y ya está llena; el municipio tercerizó en una empresa privada que no tenía maquinaria para compactar, que no hace separación de residuos, juntan y tiran sin compactar”, afirma Álvarez Bento, quien asegura que en una recorrida realizada en el predio detectaron residuos hospitalarios y de frigoríficos.

Por su parte, el secretario de Estado de Ambiente de la provincia, Diego Procopio, confirmó en las últimas horas que el establecimiento funciona sin una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente, debido a que la anterior venció en 2025. Para obtener una nueva autorización, la Municipalidad de Río Gallegos debía presentar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento que permitiera verificar si las obras y las condiciones operativas se ajustan a las exigencias establecidas en la aprobación original del proyecto.

Sin embargo, según informó el organismo provincial, esa documentación todavía no fue presentada, pese a las intimaciones realizadas. Las inspecciones también detectaron deficiencias en la disponibilidad de maquinaria para el tratamiento y disposición de residuos, una dotación reducida de personal, ausencia de una balanza para controlar los ingresos y problemas en el recinto destinado a residuos peligrosos.