En un contexto crítico, las pymes deben enfrentar 62 obligaciones tributarias al año

Aunque en el último año se eliminaron algunos impuestos y regímenes de información, las pequeñas y medianas empresas (pymes) siguen enfrentando un gran laberinto impositivo y burocrático que les consume tiempo, recursos y capital de trabajo. Desde el pago de un impuesto provincial, pasando por las retenciones sobre una venta hasta las declaraciones juradas que tienen que presentar ante distintos organismos del Estado, una empresa modelo enfrenta al menos 62 obligaciones tributarias a lo largo de un año.

El dato surge del Vademécum tributario para pymes 2026, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El relevamiento identificó 34 tributos —entre los tres niveles del Estado— y 28 regímenes de retención, percepción e información que alcanzan a una pyme modelo. La cifra se conoce en un contexto en el que la caída de la actividad y la mayor competencia de los productos importados agregan presión sobre las empresas locales, que deben sostener su operatoria en un escenario de márgenes ajustados.

El número, de todos modos, no mide cuánto dinero paga una pyme en impuestos, sino la cantidad de obligaciones que debe atender. El modelo contempla una sociedad de responsabilidad limitada que tiene un establecimiento propio, empleados, vehículos, cuentas bancarias y operaciones de compra y venta de insumos, tanto locales como importados. También considera que exporta parte de su producción, contrata seguros y servicios, compra combustible y debe cumplir trámites administrativos provinciales y municipales.

En esa estructura, el Iaraf contabilizó 16 tributos nacionales, ocho provinciales y diez municipales. Hubo tres tributos que se quitaron de la lista, tras la eliminación de los impuestos internos a los seguros y a la telefonía celular, y por la exclusión de la tasa de ocupación de espacios públicos. Las pymes también tuvieron dos regímenes de retención menos que el año pasado. Sin embargo, solo uno de ellos —vinculado al impuesto PAIS— correspondió a una reducción efectiva, mientras que el otro se eliminó del estudio por ser de aplicación específica para las escribanías.

“Si bien las eliminaciones de ciertos tributos son bienvenidas y reducen el costo de algunos servicios, no fueron suficientes para modificar el cuadro general, tanto en lo que hace a la presión impositiva global como en cuanto a las obligaciones que debe afrontar una empresa pyme. Debería avanzarse en bajas de los tributos locales, Ingresos Brutos a nivel provincial y las tasas de inspección de seguridad e higiene o de comercio en materia municipal, así como una fuerte reducción y homogeneización en los regímenes de recaudación de las provincias”, dijo Mario Grinman, presidente de la CAC.

En el Iaraf, Andrés Mir y Nadin Argañaraz anticipan un cambio de tendencia hacia una Argentina con menos carga impositiva, aunque “embrionario”. El ejemplo que ofrecen es la eliminación de las retenciones de IVA y Ganancias por ventas con tarjeta de crédito para pymes. Pero esa medida no tuvo su correlato en las provincias, donde siguen vigentes las retenciones de Ingresos Brutos.

“Lo que traba la operatoria sigue intacto”, resumió la contadora Miriam Roldán, al analizar la baja de impuestos internos que hubo el último año. Según explica, buena parte de la carga cotidiana se concentra en un conjunto de tributos que atraviesa la actividad de las empresas: el IVA, las contribuciones sobre la nómina salarial, Ganancias, Ingresos Brutos, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y las tasas. A eso se suma que las compañías no solo deben pagar: también tienen que liquidar impuestos, actuar como agentes de retención y percepción, emitir certificados, presentar declaraciones juradas y transferir fondos al Estado.

“Solo ante ARCA, una sociedad con empleados presenta 74 declaraciones juradas por año y hasta 89 si importa o exporta y usa controlador fiscal. A fines de los noventa eran 25. A eso hay que sumar Ingresos Brutos en cada jurisdicción, tasas municipales, IGJ o Personas Jurídicas, sindicatos y, según la actividad, la UIF. Cada organismo tiene su aplicativo, su vencimiento y su domicilio fiscal electrónico. Cada omisión o error es una multa posible”, señaló. Hoy las multas por presentar declaraciones juradas fuera de término ascienden a $440.000, mientras que las correspondientes a incumplimientos de regímenes de información pueden llegar a $10.000.000 por régimen.

Para Mir y Argañaraz, la proliferación de los regímenes de retención, percepción e información que afectan a las empresas implica una sobrecarga de administración tributaria que conlleva un costo adicional para los contribuyentes. A eso se suman otros dos efectos negativos: el incumplimiento en término puede implicar multas que impactan sobre el resultado de las empresas, mientras que los regímenes de retención y percepción —particularmente los vinculados con Ingresos Brutos— muchas veces generan saldos a favor recurrentes y persistentes.

“Un polirrubro para contratar a un empleado necesita un abogado y un contador. Cuando se hacen las leyes, se piensan en las grandes empresas, y hay un universo pyme desatendido”, consideró Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata y miembro del Consejo Directivo del Movimiento Nacional Pyme (Monapy). En su caso, su pyme de pulóveres llegó a tener dos meses de facturación en anticipos sin poder utilizarlos, a la espera de que algún día se le generen saldos en contra.

El contexto que no ayuda

Para Grinman, esta maraña de impuestos vuelve más problemática la situación cuando las firmas compiten con productos del exterior. Al tiempo que los comercios argentinos deben afrontar una gran variedad de impuestos, las compras internacionales por canales digitales representan un desafío adicional para los negocios locales. La apertura comercial, dice, debería acompañarse de una revisión de las condiciones en las que compiten las empresas.

“Como fabricantes de pulóveres, necesitamos insumos buenos y durante el proteccionismo no los conseguíamos. Para nosotros tenemos que cambiar el término y no hablar de ‘apertura de la economía’, sino de ‘administración del comercio exterior’. Todos los países administran su comercio. Pero este Gobierno hizo una apertura indiscriminada con la finalidad de bajar los precios de algunos productos de la economía, pero es una situación cortoplacista. ¿Por qué? Porque la catástrofe ya se está acumulando, con la desocupación, la falta de trabajo y la destrucción de las empresas. Yo quiero una administración del comercio exterior que piense en el país, el empleo, las empresas y también en los precios“, expresó Fasano.

En números, la producción de las pymes industriales cayó un 11,9% interanual en el tercer trimestre del año, según los últimos datos del Observatorio Pyme. Y esta situación se agrava por otro factor que alertó a los empresarios pymes en el último año: los embargos de ARCA. Aunque están previstos en la Ley de Procedimiento Fiscal y el fisco cumple con la normativa al pie de la letra, desde el sector privado alertaron sobre la velocidad con la que se está usando esta herramienta y el riesgo en la cadena de pagos.

“Los embargos por parte de ARCA preocupan seriamente, en particular a las pymes del interior del país, tanto por el escaso plazo que algunas seccionales de ARCA otorgan para la traba de embargos y otras medidas cautelares, como por la posibilidad de que se multipliquen embargos por la forma en que son comunicados a las entidades bancarias, o por embargarse las cuentas a cobrar de los clientes, afectando seriamente el flujo de caja y la posibilidad de mantener el giro del negocio. Cabe agregar que, teniendo en cuenta la baja del consumo que muestran los últimos datos, consideramos que es un momento inoportuno para proceder con este tipo de medidas, tal como lo hemos señalado a las autoridades meses atrás, cuando solicitamos su suspensión”, cerró Grinman.