La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. resolvió el 23 de octubre, en pleno, que tres inmigrantes de México y Honduras que vivían sin autorización desde hacía años no tenían derecho a una audiencia de fianza antes de ser detenidos mientras avanzaban sus procesos de deportación. La decisión no se refiere a la deportación en sí, sino a la detención durante el trámite, y establece que la Constitución no exige que un juez evalúe si representan un peligro o un riesgo de fuga.
Detención obligatoria de inmigrantes y el fallo de un tribunal
La mayoría, con opinión del juez Cory Wilson, sostuvo que la sección 1225(b)(2)(A) del Título 8 del Código de EE.UU. ordena detener a los solicitantes de admisión que no tienen claramente derecho a ser admitidos, y que esa norma no menciona audiencias de fianza.
Agregó que la Constitución no obliga a más trámites de los que fijó el Congreso para quienes nunca fueron admitidos. Uno de los 10 jueces de la mayoría, Richman, coincidió solo con el resultado.
La sentencia dejó sin efecto el límite de 90 días que había fijado en julio un panel de tres jueces. Los demandantes estuvieron detenidos entre tres semanas y tres meses.
A quiénes alcanza el fallo y dónde se aplica en EE.UU.
El caso se refiere a personas que ingresaron sin inspección y fueron arrestadas años después dentro del país. Según la sentencia, desde julio de 2025 el ICE sostiene que ese grupo solo puede salir de custodia mediante libertad condicional discrecional, y un fallo previo del propio circuito respaldó esa lectura.
La decisión rige en el territorio del circuito: Texas, Luisiana y Misisipi. Pero los tribunales de apelaciones están divididos: el Segundo y el Sexto Circuito sostienen que estos detenidos se rigen por otra disposición, que permite la libertad bajo fianza.
La sentencia deja abierta la posibilidad de recurrir en otras circunstancias, por ejemplo, cuando se discuta si la persona es claramente admisible o si la detención deja de tener un fin migratorio.
Qué significa para inmigrantes hispanos y qué decidirá la Corte Suprema
Los tres demandantes vivían en Texas y eran originarios de México y Honduras. En ese estado, 40,9 % de la población es hispana o latina, según las estimaciones de 2025 de la Oficina del Censo.
La Corte Suprema aceptó el 1 de octubre revisar la política en Rhoney v. Barbosa da Cunha, que plantea si la disposición se aplica a quienes ya viven en el país.
La ACLU, que representa a Barbosa da Cunha, prevé que los alegatos se celebren a fines de febrero o principios de marzo de 2027, y CNN informó que el fallo llegaría a fines de junio.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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Source: La Nación · LA NACION
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