CÓRDOBA.- La búsqueda de un colegio para cambiar a su hija terminó llevando a Rafael Argañaraz Olivera hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal ordenó al Gobierno entregar los resultados de las pruebas Aprender por escuela.

Lo que comenzó como una inquietud familiar, hace casi una década, se convirtió en una discusión sobre el derecho de los ciudadanos a conocer cómo funciona la educación pública y hasta dónde puede llegar el Estado para restringir el acceso a información que produce con recursos públicos.

En 2017, la hija mayor del salteño Argañaraz Olivera cursaba uno de los últimos años de la escuela primaria y su familia evaluaba cambiarla de institución. Quería contar con “elementos objetivos” para comparar las alternativas.

“Buscábamos referencias concretas sobre el desempeño académico de las escuelas -dice su padre a LA NACION-. Las pruebas Aprender aparecían con frecuencia en los medios. El Gobierno difundía sus resultados y destacaba la importancia de contar con evaluaciones para conocer el estado del sistema educativo”.

“Buscábamos referencias concretas sobre el desempeño académico de las escuelas", explica el salteño

Argañaraz Olivera entendió que esos datos podían servirle para tomar la decisión: “Cuando ingresé en la página oficial encontré una limitación: la información disponible no permitía conocer los resultados de cada establecimiento, sino que estaba agregada hasta el nivel de Salta capital. Fue una frustración tratar de entender por qué no se hacía pública”, recuerda.

Empezó a preguntarse por qué, si el Estado evaluaba a las instituciones educativas, los ciudadanos no podían conocer cómo les había ido a cada una. “Era una inquietud de padre. La información es de todos, ¿por qué no se comparte?”, resume.

Lo que siguió fue un proceso de gestiones que se extendió durante aproximadamente un año. Argañaraz Olivera solicitó al Ministerio de Educación de la Nación los reportes completos de las escuelas e instituciones formadoras de Salta que habían participado de las evaluaciones Aprender y Enseñar de 2016 y 2017. La respuesta oficial fue negativa. El organismo argumentó que los datos tenían carácter confidencial y que su publicación podía afectar el secreto estadístico.

El Estado ofrecía resultados agregados por municipio, siempre que hubiera al menos dos establecimientos educativos en cada jurisdicción. Para Argañaraz, esa respuesta no resolvía el problema; lo que buscaba era información que permitiera distinguir el desempeño de una escuela respecto de otra.

Decidió recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo. El primer resultado fue adverso. La Justicia de primera instancia rechazó su planteo. “Fue un shock, porque no lo esperábamos. Ya antes habíamos creído incluso que el Ministerio iba a dar la información, porque se subrayaba la transparencia”, repasa.

Avanzó un paso más y la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó la sentencia y ordenó entregar los informes de todos los establecimientos que habían participado de las evaluaciones, con la condición de preservar los datos individuales de alumnos y docentes.

“La alegría duró poco —menciona Argañaraz Olivera—. El Gobierno nacional apeló la decisión y llevó el expediente a la Corte Suprema. Incluso el dictamen del procurador fiscal fue contrario. No esperaba que los jueces de la Corte Suprema se apartaran de esa posición y confirmaran el criterio favorable al acceso a la información”.

El fallo

La sentencia, fechada el 19 de este mes, ratificó la obligación de entregar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar correspondientes a 2016 y 2017, desagregados por establecimiento educativo en Salta.

El fallo, en la causa FSA 517/2019/CS1, establece un criterio relevante sobre la publicidad de las evaluaciones educativas y los límites que tiene el Estado para invocar el secreto estadístico como argumento para negar información.

La discusión abarcaba tres derechos. Por un lado, el acceso a la información pública y la participación democrática de las familias en las instituciones educativas; por el otro, la protección de la intimidad de los menores, los docentes y quienes participaron de los operativos de evaluación.

El Gobierno había advertido que publicar los resultados por escuela podía derivar en rankings, clasificaciones y situaciones de discriminación o estigmatización. También había invocado la legislación sobre secreto estadístico y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Corte Suprema consideró que esos argumentos no alcanzaban para justificar una restricción generalizada. Para el tribunal, el Estado debía demostrar de manera concreta qué daño podía ocasionar la divulgación de los datos. No bastaba con mencionar de manera genérica el riesgo de estigmatización o la posibilidad de que se establecieran comparaciones entre establecimientos.

Uno de los fundamentos centrales de la decisión es el principio de máxima divulgación que rige el derecho de acceso a la información pública. Las restricciones deben ser excepcionales, estar debidamente justificadas y guardar proporción con el interés que buscan proteger.

Los jueces también señalaron que las evaluaciones educativas son instrumentos para el control social de las políticas públicas. Sus resultados no solo permiten medir aprendizajes, sino que también pueden servir para identificar dificultades, reclamar respuestas y examinar qué hacen las autoridades para mejorar la calidad de la enseñanza.

La Corte dejó establecido que los tribunales deberán delimitar cuidadosamente qué información puede entregarse y qué elementos deben permanecer protegidos. La decisión fue adoptada por mayoría, con la disidencia del vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien consideró que correspondía revocar la sentencia de Cámara y devolver el expediente para un nuevo pronunciamiento.

“Nos damos cuenta de que es un giro copernicano para los padres y los ciudadanos, porque permite controlar y colaborar”, sostiene Argañaraz Olivera.

Está convencido de que el acceso a los resultados puede modificar la relación de las familias con las instituciones y con las autoridades educativas: “Estoy agradecido a los jueces, que permitieron entender la trascendencia de lo que estaban resolviendo. Y a mi abogado, Roque Rueda, que desde el derecho constitucional aceptó trabajar en el caso y llevar adelante la estrategia federal”.

Por Gabriela Origlia

Source: La Nación · Gabriela Origlia

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