El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó allanar el Banco Industrial (Bind) y el Banco Hipotecario en la causa en que investiga si sus directivos y empleados facilitaron deliberadamente las maniobras de lavado de dinero por las que está procesado Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.
Según dijeron a LA NACION fuentes judiciales, el juez investiga si los bancos omitieron sus deberes de control como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y, de esa forma, permitieron que circularan fondos ilícitos.
Se analizan los posibles delitos de lavado de dinero, encubrimiento y asociación ilícita.
En el caso del BIND, entre enero de 2024 y octubre de 2025, la subcuenta recaudadora de Sur Finanzas PSP S.A. recibió $1.732.232 millones.
Si se extiende el conteo a noviembre de 2025, la cifra llega a $1.737.304 millones. Una fortuna monumental.
El crecimiento fue explosivo, pues el flujo pasó de $8693 millones en enero de 2024 a un pico de $216.567 millones en junio de 2025 de dinero recibido.
El 12 de julio de 2024, el gerente de Cumplimiento del Bind notificó a Sur Finanzas que su cuenta se cerraría en 60 días.
Pero el cierre nunca se ejecutó, según dijeron las fuentes a LA NACION.
Desde el 11 de septiembre de 2024, con el plazo ya vencido, ingresaron $1.416.882 millones en más de 15 millones de créditos: el 81,6% de todo lo que se operó en la cuenta.
El 6 de marzo de 2025, ocho meses después de haber ordenado el cierre, el banco le ofreció a Sur Finanzas una nueva propuesta de servicios digitales (API Bank y API CVU).
El juez quiere saber cuánto ganó el Bind, en total, con esa relación comercial.
El juzgado también investiga cómo el banco aceptó las declaraciones de su cliente.
En octubre de 2024, Sur Finanzas PSP declaró: “No era sujeto obligado ante la UIF”, aunque estaba inscripta como tal desde diciembre de 2023.
En 2025 admitió que no tenía manual de prevención de lavado. Aun así, siguió operando con clientes observados bajo una excepción interna que en el banco se llamaba “Nueva modalidad Bind”.
En abril de 2025, Vallejo presentó ante el Bind una certificación de origen de fondos por $584.217 millones, correspondiente al período julio de 2024-febrero de 2025. Omitió declarar $19.938 millones que habían ingresado solo en enero de 2025.
Según ARCA, a través de la billetera vinculada a esa cuenta se canalizaron cerca de $818.000 millones de 1563 contribuyentes sin capacidad económica: monotributistas de categorías bajas, personas no inscriptas y empresas de la base eApoc, la de emisores de facturas apócrifas.
Por eso el juez ordenó secuestrar actas de directorio, actas de los comités de riesgo y cumplimiento, correos internos y legajos de aprobación de la cuenta.
Según el Banco Central, que dio de baja la billetera virtual de Vallejo, hubo movimientos significativos hasta noviembre en el Banco Industrial y hasta el 3 de diciembre en el Banco Hipotecario.
El Banco Hipotecario mencionó que no era un allanamiento, sino un procedimiento para entregar documentación requerida por el juzgado.
La cuenta de Sur Finanzas PSP en el Banco Hipotecario había levantado la sospecha de los investigadores. Cuando le tomaron a Vallejo su última declaración indagatoria, el juzgado le informó las pruebas reunidas en su contra y le describió los movimientos de dinero que le detectaron cuando la investigación judicial transitaba sus primeros pasos.
Fue entonces cuando se enumeraron maniobras tales como “transferencias a sociedades de pago y cobranza, compras de moneda extranjera, ventas de bienes registrables a personas sin capacidad económica y su traslado a otras entidades o billeteras”, según el acta de la indagatoria.
Se trataría de maniobras destinadas a esconder bienes y dinero de la Justicia para “sustraerlos de las medidas cautelares” dictadas en el expediente.
Dentro de ellas, destacaron transferencias a una sociedad llamada Pagos Dica, investigada en otro expediente que tramita en la justicia bonaerense por presuntamente ser receptora de fondos provenientes del juego ilegal.
Sur Finanzas PSP le transfirió a esta firma $14.898 millones entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre. De ese dinero, $2160 millones fueron transferidos “el día de los allanamientos”, es decir, el 1 de diciembre. Ese día, el juez Luis Armella allanó la sede central de Sur Finanzas y la sede del club Banfield, entre otros objetivos.
A su vez, el Banco Central dio a conocer una dura sanción contra la billetera virtual de Vallejo. La dio de baja. Entre sus argumentos, explicó que sus bancos patrocinantes, el Banco Hipotecario y el Banco Industrial “decidieron finalizar su relación comercial con la sociedad”.
El Banco Industrial SA cerró la cuenta de Sur Finanzas PSP en noviembre de 2025 y, en el caso del Banco Hipotecario SA, donde también posee una cuenta, “la concreción del cierre quedó sujeta a medidas judiciales”.
Por Hernán CappielloSource: La Nación · Hernán Cappiello
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