Albañiles por espías: la Casación volvió a anular el procesamiento de Gerardo Milman por contratos en Inteligencia

La Cámara Federal de Casación Penal anuló por segunda vez el procesamiento del exsecretario de Seguridad Interior Gerardo Milman en la causa por la contratación irregular de trabajadores de la construcción como personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en el Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich.

La decisión es de los jueces Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, con la disidencia del camarista Gustavo Hornos. El fallo alcanza también a Gerardo Gómez Coronado, que era jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la DNIC.

El tribunal hizo lugar al recurso de la defensa, a cargo del abogado Manuel Barros, anuló la resolución dictada el 3 de noviembre de 2025 por la Sala II de la Cámara Federal porteña y devolvió el expediente para que, “por quien corresponda”, se dicte un nuevo pronunciamiento.

No es un sobreseimiento. Los jueces aclararon que resolvieron “sin emitir opinión sobre el fondo del asunto”. Pero es la segunda vez que la Casación le devuelve el caso a la Cámara por la misma supuesta deficiencia.

En su intervención anterior, la Cámara de Casación (con otra integración) ya había anulado el fallo por falta de fundamentación. Lo que se discute es si hubo dolo, intención o si se trató solo de una irregularidad administrativa.

Pero la Cámara Federal volvió a confirmar los procesamientos sin prisión preventiva, aunque cambió la calificación a abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y ordenó revisar el monto de los embargos.

Según el fallo, la Cámara Federal tuvo por acreditado que, a través de esas contrataciones, el Estado sufrió un perjuicio de $1.787.260, pagados entre noviembre de 2017 y enero de 2018.

Algunos de los trabajadores que figuraban en los contratos declararon que nunca fueron a hacer tareas a la Dirección, y un peritaje determinó que las firmas de sus recibos de sueldo no se correspondían con las suyas. Se trataba, según la reconstrucción judicial, de personal del rubro de la construcción que iba a construir una oficina.

A Milman, que además de secretario de Seguridad Interior fue secretario de Gestión Federal de la Seguridad y tenía funciones directivas en la DNIC, se le atribuye haber firmado las propuestas que dieron inicio a los expedientes administrativos.

Además de haber enviado a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del ministerio los proyectos de resolución para aprobar la contratación de las 18 personas.

Para la Cámara, frente a irregularidades “flagrantes”, el curso favorable que ambos dieron a los trámites “sólo puede entenderse doloso”, porque eran funcionarios que conocían la regulación y la dinámica del organismo.

Pero la mayoría de la Casación rechazó su argumento. Barroetaveña escribió que los camaristas “insisten en el mismo esquema argumental previamente descalificado”: a partir de la supuesta notoriedad de las irregularidades y del lugar que ocupaban los imputados, concluyen que debieron conocer la ilegalidad.

Ese razonamiento, dijo, desplaza el análisis hacia “una especie de responsabilidad por el cargo”, incompatible con el artículo 248, que exige dolo directo. “De la existencia de irregularidades se pasa, sin elementos probatorios suficientes, a la afirmación del dolo directo”, señaló.

Carbajo, que intervino por primera vez en el caso, coincidió. Sostuvo que, para afirmar que Milman y Gómez Coronado sabían que incumplían el régimen de contrataciones de la administración pública, “era necesario invocar algo más que el rol que detentaban”, como prueba de indicios o datos concretos de su comportamiento.

Recordó que el abuso de autoridad se distingue de la “simple irregularidad funcional” justamente por el conocimiento y la voluntad del funcionario, y que las decisiones adoptadas por negligencia o error pueden dar lugar a sanciones disciplinarias o responsabilidad civil, pero no a este delito.

Hornos, que votó primero, propuso declarar inadmisible el recurso. Argumentó que un procesamiento no es una sentencia definitiva y que ya había sido revisado y confirmado por la Cámara Federal, con lo que estaba garantizado el doble conforme.

En la Casación actuó como fiscal Raúl Pleé. Ahora la causa vuelve a la Cámara Federal, que deberá dictar una nueva resolución sobre la situación procesal de los dos exfuncionarios.